El presunto desvío de fondos públicos en el Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), una entidad privada que promueve el deporte escolar controlada por el PSC, tiene nuevas derivadas. Desde las 9.00 de este lunes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando oficinas del Ayuntamiento de Cornellà y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat. La investigación, bajo secreto de sumario, deriva del caso de L’Hospitalet y tiene su origen en un contrato presuntamente irregular adjudicado por el consistorio al CELH.
Las entradas y registros de este lunes derivan de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción 2 de l’Hospitalet de Llobregat por el caso del Consell Esportiu. Los agentes hallaron una serie de irregularidades y el juzgado se inhibió a favor de los de Cornellà. El caso se remonta a 2018, cuando el Ayuntamiento de Cornellà firmó un contrato de servicios por 89.222 euros con el CELH, que fue la única entidad que se presentó a la convocatoria.
Según los correos electrónicos que obran en el sumario del caso, al que ha accedido el país, los responsables de la entidad fueron ayudados y guiados por funcionarios del consistorio para obtener la adjudicación.
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El CELH debía prestar un “servicio de arbitrajes de la competición de juegos escolares de Cornellà”. Pero la realidad de ese servicio está bajo sospecha. Los árbitros, presuntamente, recibían un giro bancario del CELH, que después facturaba el servicio al consistorio con cantidades superiores, según fuentes cercanas a la investigación.
En L’Hospitalet, el juez mantiene investigadas a una veintena de personas -15 de ellas son miembros del PSC- por las irregularidades en las subvenciones públicas que el Ayuntamiento concedió al CELH. La investigación ha acreditado una absoluta falta de control de las cuentas de la entidad —que declara menos ingresos de los que percibe— y trata de esclarecer cuál fue el origen final del dinero presuntamente desviado.
Los agentes sospechan que, gracias al control sobre el órgano, el Ayuntamiento de L’Hospitalet construyó una red clientelar que ha acabado fortaleciendo al partido. En la causa está investigada la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, por su presunta pasividad al conocer, de manos del concejal Jaume Graells -que denunció el caso- las irregularidades en el Consell. Marín negó los hechos ante el juez y declaró que ordenó de inmediato una auditoría interna.
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