El machete o bolomachete es el arma fetiche de las bandas juveniles, un enorme cuchillo utilizado habitualmente en la selva para despejar vegetación o cortar caña de azúcar. Trasladado a la ciudad, su envergadura la convierte en un utensilio idóneo para mantener la distancia en el ataque o en la defensa, pero también lo hace letal.
El primer sábado de febrero, una noche negra en Madrid que se saldó con dos muertos y cinco heridos en enfrentamientos entre miembros de los Trinitarios y de los Dominican Don’t Play (DDP), las cámaras de la discoteca Independence en la calle de Atocha grabaron a Jaime Guerrero Mesoussi, Pepe, de 15 años, portando uno de esos enormes cuchillos en su mano mientras huía.
Murió desangrado sin que pudieran hacer nada por él los servicios de emergencia. Solo hacía cinco meses que había dejado de entrenar y había empezado a “meterse en líos”, como le decía su padre, preocupado, a su entrenador de fútbol de los últimos dos años.
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Los continuos y graves enfrentamientos entre bandas juveniles llevaron la semana pasada a que el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se reuniera con la Delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, y los máximos responsables policiales de Madrid con el fin de responder a una demanda histórica de los agentes que luchan contra este tipo de criminalidad: “Que llevar un machete sea delito, si no hay una justificación normalizada”.
El responsable del ministerio del Interior se comprometió —según los asistentes a la reunión— a “estudiar” el modo de articular el control de esas armas que se vienen mostrando mortales, y que los jóvenes portan metidas por dentro del pantalón y pegadas a sus piernas, u ocultan bajo los coches o los setos de los parques y canchas deportivas que frecuentan. La principal dificultad de elaborar esta norma radica en que el reglamento de armas tiene carácter estatal.
Entretanto, la consigna es intensificar los controles e identificaciones en las zonas que frecuentan y requisar armas. Durante el fin de semana se han desplegado 514 agentes de Policía Nacional en 11 distritos de la capital —trabajando con la Policía Municipal de Madrid— y en la localidad de Parla, además de 834 efectivos de Guardia Civil en nueve municipios de la región y zonas limítrofes.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía no obstante este lunes que Madrid es “segura”, y destacó que el dispositivo policial de refuerzo contra las bandas juveniles violentas puesto en marcha este fin de semana ha dejado un balance de 37 detenidos y 3.000 identificados. Por su parte, La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz (PP), aseguraba que el fin de semana ha sido “muy tranquilo” y detallaba que se habían requisado “más de diez armas blancas”.
Sin embargo, en el escaparate a la entrada de la tienda Ranger de Islazul se exhibe el catálogo de machetes de los que disponen. Van de los 6,50 euros los más baratos, hasta los 1.000 los más caros. Los hay de todos los tipos: dentados, lisos, grises, negros, con una correa en la empuñadura… “Su venta representa el 1% de nuestros ingresos, aquí vivimos sobre todo de vender ropa”, asegura José, el encargado. En Madrid hay otros establecimientos de esta franquicia, sobre todo en centros comerciales, pero también en pleno centro, por ejemplo en La Latina, a unos metros de la Plaza Mayor. Para comprar un machete basta con acreditar con un DNI la mayoría de edad.
Al fondo del establecimiento, se exponen las pistolas y escopetas de airsoft. Parecen reales, pero son armas de aire comprimido, lo que expulsan son los conocidos como balines. Se usan para actividades de ocio y paintball desde hace décadas, pero no fue hasta 2012 cuando una orden ministerial reguló su posesión. El entonces titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, las incluyó en el reglamento de armas y estableció que era necesario una tarjeta concedida por los Ayuntamientos para poseerlas. Estos permisos tienen una validez de cinco años, cuestan alrededor de 20 euros por pieza y se pueden tener un máximo de seis. Fuentes policiales aseguran que esa medida “prácticamente, las retiró de la circulación”.
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Los dependientes del local han vivido todo tipo de experiencias con los compradores de machetes. Desde uno que se llevó de golpe una veintena de ellos y varias hachas, hasta otros dos que justo después de adquirirlos se metieron en el probador a ocultarlas en la pernera del pantalón.
“Nosotros no podemos negarnos a venderlas a nadie porque se nos acusaría de discriminación”, aeveran. “También han venido chicos que comentan que ellos de normal no la habrían comprado, pero que sienten que tienen que protegerse en el barrio”, apunta José. Estos días, quizás por los últimos acontecimientos, ese escaparate llama la atención especialmente. Dos chicos se paran a mirarlo, apuntan y comentan: “Mira, creo que es este con el que murió el chico, el Amazonas”.
El machete es el arma preferida de las bandas por dos motivos. En primer lugar por su letalidad y por la defensa que permiten. “Con un cuchillo o una navaja”, apunta José señalando a la muestra de este tipo de armas que tiene en el mostrador, “tienes que acercarte más, con lo que te expones tú mismo”. El machete, sin embargo, permite herir al enemigo a una mayor distancia y los cortes que provoca son muy profundos. Además de los fallecidos, los sanitarios del Samur y Summa se han encontrado decenas de veces miembros amputados o profundas brechas en zonas sensibles del cuerpo con un simple golpe de machete. “No solo los llevan encima, también los esconden en sitios estratégicos como papeleras, alcantarillas, ocultos en parques o en alguna casa cercana. Cualquier sitio en el que lo tengan a mano si hay que enfrentarse a los rivales”, explican fuentes policiales.
Historia de un fetiche
En julio, el Reino Unido comenzó a aplicar una nueva estrategia para prevenir los crímenes con armas blancas. Gracias a una orden estatal, los policías pueden solicitar a los jueces que se apliquen determinadas medidas muy restrictivas a personas a las que se le incauten cuchillos, los que los portan habitualmente o los que tienen antecedentes previos por delitos con armas blancas.
Estas medidas, que se aplican a partir de los 12 años, incluyen que a partir de cierta hora esa persona esté obligada a permanecer en casa, es decir, toques de queda personalizados; restricciones en el uso de las redes sociales para que no publiquen contenidos violentos y la limitación de movimientos en una determinada área geográfica. Y por supuesto, la prohibición de llevar un cuchillo encima. La aprobación de unas medidas así en España tendrían un difícil recorrido. Los tribunales superiores de varias comunidades han rechazado restricciones similares durante la pandemia, incluso cuando la motivación era sanitaria.
La creación de herramientas legales como las que aplica ya el Reino Unido nacieron de una demanda de los agentes, muy semejante a la que reclaman los cuerpos y fuerzas de seguridad en España. La ministra de Interior, Priti Patel, impulsó esta legislación después de que los ataques con armas blancas entre pandillas se hubieran convertido en un verdadero problema de seguridad en el país, y especialmente en Londres. Según un informe del parlamento británico, entre marzo de 2020 y de 2021, se registraron 41.000 delitos con armas blancas, un 27% más que hace 10 años. De los casi 19.000 que llegaron a juicio, el 19% involucraron a menores.
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