El sótano de un hotel, naves industriales, un anexo a una casa rural, caballerizas, chalés apartados o un piso en una décima planta son algunos de los escenarios donde Mossos d’Esquadra, policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional han localizado granjas de criptomonedas en España. Minar —extraer mediante complejos procesos informáticos— estas monedas virtuales no es delito, pero pinchar la luz para abaratar los costes que representan decenas o centenares de ordenadores, procesadores y ventiladores conectados, sí. Aunque los ladrones por excelencia de suministro eléctrico son los traficantes de los miles de plantaciones de marihuana indoor que hay repartidas por el territorio, ahora se les han sumado los mineros. Endesa ha ideado una tecnología que, por diversos parámetros, permite saber si detrás de una línea pinchada hay droga o productores de monedas virtuales.
En 2021 Endesa, que da servicio al 95% de Cataluña, realizó, junto con la policía y bajo orden judicial, 700 intervenciones en las que hallaron plantaciones de marihuana que tenían pinchada la red pública o directamente la línea eléctrica. La energía fantasma, la que habrían defraudado y se consiguió recuperar, se equipara a la que gasta una ciudad como Palma de Mallorca anualmente.
En los últimos años, en Cataluña ha crecido de forma notable el fraude eléctrico. Los 433.924.075 kWh defraudados el año pasado frente a los 234.889.690 kWh de 2019 dan una idea de lo que se cuece tras las líneas. Aunque los grandes ladrones de luz están vinculados a la marihuana, cada vez se están detectando más granjas de criptomonedas, de las que apenas se tienen registros, y cuya rentabilidad está supeditada a precios de electricidad reducidos. Existen más de 10.000 tipos de estas divisas, aunque las más conocidas son bitcoin y ethereum.
La minería de criptomonedas necesita de equipos de gran rendimiento y un software específico. “Va evolucionando y cada vez es más especializado”, apunta el comandante del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil, Alberto Redondo. Causan un desorbitado consumo de electricidad, “por eso es más habitual en países donde es muy barata, o defraudando”, indica. La creación de estas divisas depende de validar transacciones entre usuarios de la comunidad —se dedican a lo mismo— y recibir por ello una remuneración.
Endesa ha puesto en marcha una tecnología para detectar este fraude y ponerle freno. El director de Distribución de la compañía en Cataluña, Francesc Alemany, explica que están aplicando avances tecnológicos en las líneas y en sus sistemas. “En función de la cantidad y de la forma de consumo tenemos la capacidad de cálculo para saber si estamos delante de un fraude por marihuana o criptomonedas”. Alemany añade que los lugares más comunes donde se detectan las granjas son los polígonos, chalés o lugares apartados.
Según el comandante, “este tipo de instalaciones suelen ser usadas por bandas criminales para actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, secuestros, pago de sicarios, diversidad de estafas y otros delitos tecnológicos y blanqueo de capitales”. Y comportan un gran y dificultoso reto para las unidades policiales dedicadas a perseguir este tipo de ilícitos. Los Mossos d’Esquadra alertaron el año pasado de que las últimas subidas de valor de las monedas y su aparición en los medios de comunicación habían “favorecido un incremento de los delitos relacionados con este tipo de bienes”. La aparición de nuevas estafas ha propiciado protocolos específicos para unidades especializadas en delitos con criptomonedas.
Hasta el momento todos los hallazgos de granjas en las que se robaba electricidad han sido “por casualidad”, siguiendo el rastro de plantaciones o en investigaciones iniciadas al detectar un consumo eléctrico y una emisión térmica superiores a lo normal. Se han dado casos en Sant Adrià del Besos y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde en agosto de 2018 había estanterías de 40 metros de largo y cuatro de alto llenas de dispositivos. Para alimentarlos soterraron una doble acometida ilegal hasta la catenaria de la calle, hecho que muestra un gran nivel de profesionalidad, según la policía.
También se han hallado casos en Catarroja (Valencia) —donde Iberdrola cuantificó el fraude en unos 20.000 euros— y en Crevillent (Alicante) —unos 25.000 euros, según la Cooperativa eléctrica—, en Santiponce (Sevilla) y Yeles (Toledo).
Caso aparte fue el hallazgo de 2018 en Cambrils (Tarragona). La Policía Local sospechó que unas obras en el Hotel Daurada Park podían esconder su reconversión en macroprostíbulo. Como les vetaron la entrada idearon una orden de inspección de obras para acceder. La granja estaba en el sótano y consumía como una población de 6.500 habitantes.
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