La dirigente de la CUP Eulàlia Reguant protagonizó hace justo tres años uno de los pocos incidentes serios que salpicaron el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Era el 28 de febrero de 2019 y Reguant, entonces concejala de la formación antisistema en el Ayuntamiento de Barcelona, estaba citada como testigo de la acusación popular (Vox) y algunas defensas.
La edil acudió, pero, al igual que había hecho minutos antes su compañero Antonio Baños, se negó a contestar a las preguntas de la formación de Santiago Abascal, a pesar de que los testigos están obligados por ley a declarar. “Asumiendo las consecuencias frente a un partido machista y xenófobo no contestaré a un partido de extrema derecha”, advirtió. Las consecuencias llegaron en dos actos: el Supremo le multó ese mismo día con 2.500 euros y ahora la ha sentado en el banquillo acusada de un delito de desobediencia grave por el que la Fiscalía pide seis meses de prisión y de inhabilitación.
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La vista se celebra este martes en la sede del alto tribunal, pero Reguant no se encontrará frente a frente con ninguno de los siete magistrados que hace ahora tres años decidieron deducir testimonio de aquel incidente (enviarlo a un juzgado) que por unos instantes amenazó la frágil calma en la que discurría el juicio contra los líderes independentistas acusados de rebelión.
Los jueces del procés no pueden participar en esta causa, por lo que el tribunal que juzgará a la diputada de la CUP estará compuesto por Miguel Colmenero, Vicente Magro, Susana Polo, Eduardo de Porres, Ángel Luis Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández.
La instrucción del caso se siguió en el Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, que llegó a abrir juicio oral. Pero cuando, en marzo de 2021 la dirigente de la CUP resultó elegida parlamentaria autonómica, el juzgado envió la causa al Supremo. La sede será, con todo, casi el único parecido entre el juicio de Reguant y el que acabó con la condena por sedición de Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas.
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Frente a la expectación que levantó aquel, el de la dirigente de la CUP no ha alterado el día a día del tribunal, más allá de la previsible presencia de simpatizantes a las puertas del Supremo. Mientras que para la vista oral del procés la Sala de lo Penal reservó cuatro meses en el calendario, para juzgar a Reguant ha señalado dos días (martes y miércoles). Pero fuentes del tribunal consideran posible que quede visto para sentencia en la primera sesión, que se iniciará con las cuestiones previas planteadas por las partes y seguirá con el interrogatorio de la acusada.
La diputada solicitó poder declarar en catalán y el tribunal lo ha aceptado, por lo que el Supremo ha previsto la participación de un intérprete que irá traduciendo sus respuestas. Al comparecer esta vez como acusada, Reguant sí tiene derecho a no contestar. E incluso a no decir la verdad, aunque los hechos que le han llevado al banquillo se produjeron durante el primer juicio retransmitido en directo por streaming y se viralizaron a través de videos en redes sociales, por lo que la estrategia de Reguant no consiste en negarlos.
La defensa de la dirigente de la CUP ha centrado sus esfuerzos en el Supremo en pedir la nulidad de la causa porque sostiene que la multa de 2.500 euros, que ya pagó, le eximen del delito. Además, considera que ni el Juzgado ni la Fiscalía Provincial eran competentes para instruir la causa a partir de marzo de 2021, cuando ella comunicó que era aforada por ser diputada, pero, tras comunicar su aforamiento, la Fiscalía de Madrid formuló escrito de acusación y el juzgado llegó a abrir juicio oral.
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