El Tribunal Supremo ha suspendido este martes el juicio a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por “un error” en la tramitación de la causa. Los siete magistrados que iban a juzgar a Reguant por negarse a contestar a las preguntas de Vox cuando fue citada como testigo en el juicio del procés han dado la razón a la defensa de la diputada, que, al iniciarse la vista, ha alegado que se habían vulnerado sus derechos porque el Supremo debió asumir la causa en cuanto Reguant adquirió la condición de aforada tras ser elegida diputada del Parlament, en marzo de 2021.
Sin embargo, el juzgado de Madrid que instruyó el caso desde el inicio siguió tramitándolo y llegó a dictar auto de apertura de juicio oral, a pesar de que ya no era competente para hacerlo.
El acuerdo del Supremo implica que el alto tribunal deberá nombrar a un instructor que se haga cargo de la causa y retrotraerla al momento en que estaba cuando Reguant resultó elegida diputada. Y será este magistrado el que debe decidir si el caso se sobresee o abre juicio oral, una vez que la Fiscalía vuelva a presentar su escrito de acusación, pero esta vez ante la Sala de lo Penal, y no en el juzgado de Instrucción 10 de Madrid como hizo la vez anterior.
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Reguant se ha sentado en el banquillo este martes acusada de un delito de desobediencia grave porque hace ahora tres años fue citada como testigo en el juicio que se celebraba en el Supremo contra los líderes del procés y se negó a contestar a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular. El tribunal le impuso una multa de 2.500 euros y envió su caso a un juzgado, ya que los testigos estás obligados a declarar y a decir la verdad.
Pero Reguant era entonces edil del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que su caso se remitió a un juzgado ordinario. Sin embargo, en marzo de 2021 resultó elegida diputada autonómica y adquirió la condición de aforada, lo que, según ha admitido ahora el alto tribunal, debía haber supuesto el fin inmediato de la primera instrucción judicial y la apertura de una causa en el Supremo. Sin embargo, el juzgado dictó el auto de apertura de juicio oral y la Fiscalía presentó su escrito de acusación y, solo después, la causa se remitió al Supremo para que se juzgara allí.
La nulidad de las actuaciones por haber vulnerado el procedimiento era una de las cuestiones previas planteadas por el abogado de Reguant, Daniel Amelang, en los primeros minutos del juicio, pero fue la única en la que la Fiscalía le dio la razón. La diputada y su abogado han aplaudido la decisión de los magistrados a la salida del Supremo aunque la defensa ha dado por hecho que el juicio se volverá a celebrar “dentro de unos meses”.
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