Colombia es un país peligroso para defender derechos. Es el más letal para los ambientalistas, para los líderes sociales y también para los sindicalistas, que en 2021 volvieron a las cifras en rojo. De enero a noviembre de 2021, al menos 100 fueron víctimas de alguna agresión, 14 fueron asesinados y muchos otros denunciaron atentados o detenciones arbitrarias.
“El Gobierno no ha actuado para frenar estos crímenes, en el último año han tenido que salir al exilio trabajadores que fueron amenazados y no recibieron protección”, dice Marcio Monzane, secretario regional de la federación de sindicatos UNI Global Union, que agrupa a 20 millones de trabajadores en 150 países, y que hará parte de la misión de observación electoral en las legislativas del próximo 13 de marzo.
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La violencia que sufren los líderes sindicales en Colombia no es nueva, pero el nivel de agresión que está viviendo el movimiento “es alarmante”, dice Monzane. Una de las últimas víctimas fue Robinson Jiménez, presidente de la Asociación de Taladreros de Santander y empleado contratista de la estatal Ecopetrol. A Jiménez le dispararon cuando salía de un turno de trabajo en octubre pasado y murió después de un mes bajo observación médica.
El ataque que le costó la vida se produjo tras una jornada de protesta, en la que sindicalistas y trabajadores se manifestaban contra Ecopetrol por sus intentos de “privatización disfrazada y precarización laboral”, según denunció la Unión Sindical Obrera (USO).
“La violencia [contra líderes sociales y sindicales], en contraste con lo ocurrido en el mismo periodo del calendario preelectoral 2017, es preocupante. Esta vez se cuentan al menos 400 agresiones y 81 asesinatos″, dice Monzane, que cita las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE). “En los diez primeros meses del calendario preelectoral se presentó un aumento del 3,8% de los asesinatos con respecto a 2017. En el caso de los atentados fue de 55%, lo que evidencia que la letalidad de las agresiones contra los diferentes liderazgos del país se ha recrudecido”, señalaba la MOE en un informe el pasado enero.
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La violencia antisindical contra las mujeres ha sido otra denuncia de las centrales obreras. En 2021, dos docentes afiliadas a sindicatos de maestros fueron asesinadas y líderes del gremio como Martha Alfonso y María Eugenia Londoño, ambas de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), han denunciado amenazas y hostigamientos. Según la Escuela Nacional Sindical, Sinderh, desde 1971 hasta 2021, se registraron 3.295 homicidios, 434 atentados, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados.
Una comisión de sindicalistas de varios países, convocada por UNI Global, ha solicitado ser parte de la misión de observación en Colombia y verificar el desarrollo de las elecciones del próximo marzo, en una jornada sobre la que ya han advertido riesgos. La MOE confirmó que diez candidatos al Congreso han sido víctimas de violencia y cuatro precandidatos presidenciales han sufrido algún tipo de agresión.
“Ante el incremento de la violencia, preocupa lo que pueda presentarse en los meses siguientes, de no adoptarse medidas efectivas para su atención”, ha asegurado la organización, que señala a la banda paramilitar Águilas Negras como la principal amenaza en época electoral. Los candidatos que han sido víctimas de violencia fueron declarados por esa agrupación como objetivo militar por “pretender impulsar una política de izquierda”.
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