El primer ministro peruano, Aníbal Torres, y el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández Cuesta, acordaron este viernes que la empresa pagará hasta un máximo de 800 dólares como anticipo de indemnización que, según Repsol, llegará a más de 5.000 damnificados por el derrame de crudo en el mar de la costa central peruana ocurrido el 15 de enero, cuando un buque descargaba el combustible en la tubería submarina de una refinería de la empresa.
La presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el desastre ambiental mostró su preocupación por la cifra de afectados, dado que ninguna entidad ha determinado aún el total. Según el Ministerio de Ambiente, el vertido de 11.900 barriles de crudo brasileño afectó a 116 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas.
Los pescadores artesanales que desde hace seis semanas han perdido su trabajo a raíz del desastre ambiental describen los meses de enero a marzo como los de mayores ingresos, debido a la mayor cantidad de especies en esta época del año. Además, miles de vendedores y comerciantes que trabajaban en 30 playas -afectadas desde enero por la contaminación del petróleo en las regiones de Lima y Callao- habían hecho inversiones para volver a trabajar este verano (de enero a marzo) después de dos años del cierre de playas como medida sanitaria por la pandemia del coronavirus.
El acuerdo entre el primer ministro y el ejecutivo de Repsol indica que las partes elaborarán una lista de afectados en siete días hábiles, y que la empresa pagará hasta 3.000 soles (800 dólares) “según la actividad económica de cada persona consignada en el único padrón consensuado por la Presidencia de Ministros y la Refinería La Pampilla (Repsol Perú)”. En la semana siguiente al derrame, en una conferencia en línea organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero pesquero Elmer Nieves informó de que en los distritos afectados por el vertido están registradas 200 embarcaciones pequeñas y unos 6.000 pescadores artesanales, pero precisó que el número de los damnificados es mayor pues un número no determinado pescaba en los acantilados e islotes sin estar inscritos en un gremio.
La noche del lunes, 700 familias afectadas por el vertido en el distrito de Chancay viajaron 50 kilómetros hasta el exterior de la refinería La Pampilla y se instalaron en una vigilia para exigir que la empresa les pagara una compensación por los 40 días que no han podido trabajar como pescadores, fileteadores, estibadores o en los ramos del turismo y la restauración. En una conferencia de prensa el martes anunciaron que si Repsol no respondía a sus demandas, bloquearían el acceso a los vehículos de la refinería.
Al día siguiente, la empresa reportó que llegó a un acuerdo con dos gremios de pescadores artesanales de Chancay y de Ancón, para adelantar 800 dólares a cuenta de las compensaciones que correspondan. Los dos acuerdos con 1.400 pescadores “tienen como principal compromiso un adelanto parcial de las compensaciones económicas para mitigar el impacto que han sufrido los pescadores”, señala un comunicado difundido por Repsol el miércoles. El acuerdo firmado este viernes entre el Gobierno y Repsol aclara que no serán incluidos en el “padrón único” los que ya hayan recibido “anticipo por los acuerdos de compensación previos a la firma de esta acta”. La empresa informó que hasta el miércoles, ha entregado alguna asistencia económica -vales de supermercado- a 3.991 personas que pertenecen a 60 colectivos de trabajadores.
El número de 5.000 damnificados establecido por la presidencia del Consejo de Ministros y Repsol ha sorprendido a la presidenta de la comisión del Congreso que investiga el derrame, la parlamentaria Margot Palacios. “Es una situación preocupante. ¿Cómo hoy establecen un número determinado si no hay padrones ni de la empresa ni de las municipalidades?”, cuestionó la congresista, consultada por teléfono. La comisión investigadora ha realizado seis sesiones en las que ha escuchado las exposiciones de la empresa, la autoridad portuaria, los gremios de pescadores, y las cabezas de las varias entidades involucradas en la respuesta al desastre ambiental, entre otros especialistas.
“Todas nuestras reuniones han sido públicas, y ninguna de las entidades que ha asistido ha determinado el número total de personas afectadas por este desastre ecológico”, afirmó. Mientras tanto, la FAO y PNUD elaboran un estudio de impacto socioeconómico de los afectados por el derrame, que estará listo en mayo, indicó el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Perú, Igor Garafulic. El representante de la ONU añadió que, en paralelo, el Banco Mundial realiza un análisis del impacto ambiental del derrame. Para Garafulic, con dichas evaluaciones “se logra una continuidad entre las recomendaciones que dieron inicialmente la misión técnica de expertos de la ONU y que ahora buscan dimensionar el impacto (del vertido)”.
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