K.D. tenía 14 años cuando la Policía lo encontró vagando por Valladolid el 29 de noviembre. Murió tres meses después en un centro de menores. El chico, tunecino, necesitó un intérprete para explicar que llegó en tren desde Suiza, donde había sido operado de un problema gástrico. Estaba solo en un país desconocido. La Junta de Castilla y León asumió su tutela y lo derivó a una residencia juvenil vallisoletana. Su agresividad provocó su traslado a un centro de menores de Zamora, donde siguió igual, hasta recalar en el Zambrana de Valladolid, un estricto centro de internamiento. Allí murió este jueves por la noche tras ser reducido y esposado por otro episodio violento. La consejería de Familia insiste en que padecía cardiopatías y que la actuación del centro fue “impecable”. El Defensor del Pueblo, la Fiscalía y la Policía investigan qué acabó con su vida.
El fallecimiento ha sobrecogido al Zambrana, que cuenta con dos módulos para tratar a los menores en función de su expediente: la parte de socialización, donde habitaba el difunto en chalets compartidos, y la de reforma, más rígida y vigilada. Los corrillos habituales de los empleados que descansan o fuman en el exterior se han convertido en comentarios velados monotemáticos: “¿Qué ha pasado?”. Nadie sabe nada más allá de lo publicado en medios de comunicación, señalan fuentes del Zambrana.
“El ambiente es como un tanatorio, los trabajadores hacen piña y los chavales preguntan mucho, porque una muerte confirma su teoría de que están en una cárcel y los guardias son violentos”, indican estos informadores. K.D., un menor problemático con frecuentes episodios de violencia, sufrió un brote hacia las 10 de la noche del jueves y, como marcan los protocolos cuando el diálogo y la negociación no bastan, los tres monitores pendientes de él avisaron a los guardias. Una pareja de vigilantes, de los seis que trabajan a la vez en seguridad, se personó para poner orden. La “contención física” no sirvió para aplacar al chico y se optó por medios “mecánicos”: unas esposas. Fuentes de la investigación apuntan que se le pusieron las esposas, se relajó, se le retiraron y volvió a la carga. Entonces se las pusieron de nuevo, fue sometido, y perdió la conciencia. Jamás la recuperó; y su cadáver quedó en el suelo de esa “sala común” donde la consejería asegura que ocurrió la escena. El cuerpo se levantó hacia las dos de la madrugada y comenzó así un ciclo judicial que intentará determinar qué causó el deceso.
La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, reiteró el viernes que todo se había hecho correctamente y que K.D. padecía cardiopatías que indujeron al colapso. La autopsia, que según portavoces de Familia “podría tardar semanas”, mostrará las causas. En cambio, no hay versión oficial de por qué el chico, de quien insisten que tenía una salud delicada, entró en crisis violenta. Las autoridades ya disponen del informe del Zambrana, que destaca que en ocasiones previas se empleó la fuerza para aplacar al joven tunecino, y aclarará las horas de la actuación y de la muerte. El protocolo interno, al que ha accedido Columna Digital y que cita la Ley Orgánica 5/2000 sobre la responsabilidad penal de los menores, exige que las intervenciones las guíe “la proporcionalidad y excepcionalidad”.
“Problemas graves de conducta”
La investigación topa contra la compleja situación personal del niño, cuyo padre se encuentra en Sicilia (Italia) y su madre en Túnez. Ella ya ha sido informada y la Junta se ha ofrecido para asumir el sepelio en su país natal o enterrarlo en Valladolid. Fuentes fiscales insisten en que bajo la etiqueta de “menor extranjero no acompañado” como K.D. hay “muchachos con dramas humanos tremendos, condiciones terribles o familias desestructuradas” que empujan a estas actitudes disruptivas. K.D., según conocedores de su historial, no había cometido ninguna infracción penal por la que, al ser menor, recalara en el área de reforma del Zambrana, un bloque de edificios con forma de E. Sus “problemas conductuales graves” hicieron que lo ingresaran en la parte de socialización, con chalets donde conviven grupos de jóvenes para intentar corregir, con los educadores sociales, esas actitudes. Esos salones o esas habitaciones con camas y estanterías de hormigón para que no puedan moverlas no cuentan con cámaras, pese a que la ley lo permite. Ello dificulta saber si se obró bien o mal. “En principio no hay nada anómalo”, sostienen fuentes de la Fiscalía.
Los recelos proceden del Zambrana. Allí hay voces, que piden anonimato, que critican “abusos” en intervenciones que requieren fuerza. También aseguran que esos guardias, que en este centro los gestiona la empresa Vasbe, acostumbran a someter a los menores boca abajo, una práctica desaconsejada por los riesgos de asfixia que entraña, y que el Defensor del Pueblo censura en su Mecanismo nacional para la prevención de la tortura ante episodios de “contenciones mecánicas”. El Defensor también recomienda que se graben estas actuaciones. La nueva Ley de Infancia ha prohibido prácticas anteriores como atar de pies y manos, incluso con correas, para controlar a los menores.
Un precedente de lo ocurrido en el Zambrana es el de Iliass Tahiri, de 18 años, que murió asfixiado en 2019 en el centro Tierras de Oria, de Almería. Las cámaras evidenciaron que cinco guardias, tras atarlo, lo pusieron boca abajo en una cama. La jueza archivó el caso alegando “muerte violenta accidental” pese a que no se usó bien el protocolo. El personal vallisoletano, como el almeriense entonces, cierra filas: “Esto nos podría haber pasado a nosotros”. Otra cosa, admiten, es si los vigilantes se excedieron con K.D. Los tres monitores y los dos guardias, de momento, no han vuelto a las instalaciones ni dicen nada: “Quizá ni volvamos a verlos”.
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