Toda atrocidad revela por definición fallas estructurales en el entorno. En el caso de México, la acumulación de masacres, el hallazgo constante de fosas clandestinas, o el asesinato impune de políticos y periodistas indica que el problema es en realidad la estructura entera, incapaz de contener la sangría, menos de corregirla. La masacre de San José de Gracia, en Michoacán, el fin de semana pasado resume 16 años de violencia en el país. Criminales que asesinan a plena luz del día, dándose tiempo para limpiar la escena, robando los cadáveres… Todo frente a la nadería gubernamental y sus representantes sobre el terreno, policías y fiscales, que no aparecieron por allí hasta pasadas varias horas.
México cuenta cada año cientos de masacres, entendiendo como tales el asesinato de tres o más personas a la vez, definición habitual en la literatura especializada. Según la organización Causa en Común, que lleva el registro desde hace años, el país sufrió 529 masacres solo en 2021, el año de la pandemia. Casi una y media al día. En 2020 fueron más de 600. Hay masacres y masacres y algunas activan de vez en cuando un punto extra de malestar en la sociedad. O así al menos lo interpretan los sucesivos Gobiernos, que sienten la necesidad de explicar al detalle el actuar de los delincuentes, como ahora en el caso de San José.
Expertos consultados por el país señalan la impunidad y la debilidad de las corporaciones de seguridad locales como ingredientes básicos del horror. La presente administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha fiado su estrategia de seguridad al despliegue de la Guardia Nacional. En territorios complejos como Michoacán, su presencia no ha bastado. “Michoacán es un espejo de México: observamos ahí dinámicas concentradas de violencia, de prácticas criminales preocupantes y respuestas gubernamentales que no parecen tomar la medida de la urgencia”, dice Romain Le Cour, coordinador del programa de seguridad de la organización México Evalúa. “La masacre de esta semana pasada revela, creo, la urgencia mayor que enfrentamos: sin justicia, no habrá seguridad publica en México”, añade.
El martes, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, dio detalles del caso de San José. Dijo que la vieja rivalidad entre dos criminales locales, El Viejón y El Pelón, había provocado el baño de sangre. Ambos habían matado al hermano del otro y se habían jurado odio eterno. El Viejón es el “jefe de plaza” en la región del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la marca dominante en el mundo del hampa en México. El Pelón había sido su jefe y reclutador. El primero prohibió al segundo que volviera a poner un pie en el pueblo, consejo que siguió hasta el día de la masacre: su madre había muerto y El Pelón acudió al funeral, afrenta imperdonable.
A diferencia de otros casos, este trascendió por los vídeos de varios vecinos, que captaron los momentos previos a la masacre, los disparos y el operativo de limpieza posterior. En uno se aprecian incluso varios cadáveres apilados en una camioneta mientras sicarios pasean alrededor. La aparente tranquilidad con que actuaron los asesinos apunta precisamente al Estado. El Pelón acudió al pueblo con su séquito de sicarios. Enterado, El Viejón llegó con otros 40, cargando armas largas. Según el Gobierno federal, al menos uno de ellos portaba un rifle Barret calibre 50, capaz de perforar carros blindados.
Impunidad y pocos policías
Empeñado en reconstruir los hechos al detalle, el Ejecutivo obvió una cuestión fundamental, el movimiento de decenas de sicarios armados hasta los dientes, sin que nadie interviniera. El subsecretario Mejía señaló a las autoridades locales. “No hubo alertamiento de la presidencia municipal o de la fuerza municipal pública, que debió actuar como primer respondiente, para asegurar la escena y alertar a las autoridades”, dijo. Lo anterior no explica, sin embargo, los momentos previos, el desfile de sicarios, el sitio que impusieron al pueblo.
Para Irene Tello, responsable de la organización Impunidad Cero, que realiza informes anuales sobre el desempeño de las fiscalías en Columna Digital, este macabro desfile responde a una sensación de impunidad por parte de los asesinos. “En un delito de tanto impacto como el homicidio doloso, los niveles de impunidad son muy altos. A escala nacional hay una impunidad de 89.4%. O sea, solo se resuelven 10 u 11 casos de cada 100″, explica.
Para el caso concreto de Michoacán, con estallidos cíclicos de violencia y cantidad de actores criminales distintos, dependientes de diversas actividades económicas, lícitas e ilícitas, los datos son aún peores. “Lo que vemos en Michoacán es que no hay manera de conseguir sentencias condenatorias”, añade Tello. “De 2019 a 2020 subió tanto el número de víctimas de asesinato, que la impunidad también subió al 98%. De 89.6% al 98%”, argumenta.
El señalamiento de Mejía a las autoridades locales sorprendió porque señalaba a una capa del funcionariado habitualmente sobrepasada por las circunstancias. El analista en seguridad Bernardo León justifica la ausencia de las autoridades locales. “Mandar allí a los policías municipales era mandarlos al matadero. Seis policías en dos patrullas. ¿Qué podían hacer?”, cuestiona. “La pregunta es, ¿dónde estaba la Guardia Nacional o la Policía Estatal? No estaban. Y así pasa en San Jose y en muchísimos municipios de México. Todas estas cosas muestran que [el Gobierno] no entiende el papel de las fuerzas locales”, añade.
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