La desacostumbrada rapidez con la que ha actuado la Casa del Rey refleja la gravedad de la situación. Apenas cinco días después de hacerse público tanto el archivo de las investigaciones al rey emérito como los devastadores argumentos de la Fiscalía en torno a sus actividades delictivas, la Casa del Rey difundió un comunicado que incluye una carta de Juan Carlos I y la aceptación por parte de Felipe VI de su contenido, que “respeta y comprende”. Juan Carlos I comunica que no regresará a España de “forma inmediata” y mantiene su residencia “de forma permanente y estable” en Abu Dabi. También puntualiza que en las visitas que pudiera hacer se alojará en casas particulares, al igual que lo haría “si en el futuro volviera a residir en España”. El mensaje es doble: el rey emérito seguirá viviendo en el extranjero, pero, en caso de reconsiderar la decisión y volver a España, lo haría “en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.
Los decretos de archivo de la Fiscalía recogen un reguero impactante de indicios delictivos relacionados con las actividades privadas de Juan Carlos I. La prescripción de las causas y la inviolabilidad de que goza el Rey, según la Constitución, impiden el camino de la acción penal de la Fiscalía. Pero han dejado a la luz pública una conducta condenable en quien ocupó la jefatura del Estado. La impunidad de sus negocios ilegales y el oportunismo de sus declaraciones voluntarias a Hacienda han causado una impresión profundamente decepcionante en la opinión pública.
No cabe duda de que la decisión de Juan Carlos I es resultado de la lectura de los decretos de archivo, la visita de su abogado este fin de semana en Abu Dabi y las instrucciones de Felipe VI sobre la conducta más conveniente para el bien de la institución. La residencia en el extranjero de Juan Carlos I es la última de las medidas de carácter profiláctico que ha adoptado el Rey desde que han sido de dominio público las irregularidades financieras y fiscales en que incurrió su padre. Los cortafuegos preventivos empezaron en marzo de 2020, cuando Felipe VI decidió retirarle la asignación anual de casi 200.000 euros y renunció el mismo día a cualquier herencia que le correspondiera a él y a su hija la princesa de Asturias. Después siguió con la salida de España de Juan Carlos I en agosto del mismo año.
Los siguientes movimientos de Felipe VI pueden ofrecer un carácter no reactivo y defensivo, sino voluntario y propositivo. La ciudadanía espera que en algún momento el Monarca se pronuncie explícitamente sobre el comportamiento de su padre. Seguramente también espera que nadie —ni la Casa del Rey, ni instituciones, ni medios de comunicación— vuelva a cometer en el futuro los errores cometidos con el rey emérito. La inviolabilidad que asigna la Constitución al Rey choca con las exigencias de una democracia madura y debería ser parte del empeño de las instituciones democráticas acabar con un privilegio injustificable. Felipe VI ya ha dado pasos para hacer más transparentes las cuentas de la Casa del Rey, pero aún queda la publicación del coste total de la institución y el patrimonio de sus miembros. Las medidas adoptadas por el Rey para proteger su continuidad institucional deben continuar. La última ha incluido la condena implícita de la conducta de Juan Carlos I, su padre, pero faltan las explicaciones explícitas del propio interesado.
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