Ana Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de Guatemala aprobara un paquetazo legislativo que castiga con penas más severas el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes de odio contra personas sexualmente diversas y sigue siendo uno de los más violentos para las mujeres.
“Es una ley intencionalmente violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. Desde las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto legislativo, han hecho manifestaciones de júbilo y han declarado a este país centroamericano como “Capital Iberoamericana Provida”.
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Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”.
La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer, como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.
“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de Latinoamérica, como Colombia y Chile, avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.
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