El símbolo no fue cualquier cosa. El 8M, en medio de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Mujeres, pasó algo que no pasaba desde hace mucho tiempo en el Congreso guatemalteco. Una mayoría aplanadora decidió —de un día a otro— revivir una iniciativa de ley regresiva de derechos y aprobarla con mayoría absoluta. Y así, el día fue agridulce. Mientras cientos de ellas se unían en cantos y consignas por su libertad en la Plaza Central, a unas cuantas calles, aprobaban una ley que les quita autonomía, agrava las penas contra ellas y vulnera sus derechos.
Tal vez esta aprobación fue posible, como explicó la diputada opositora Lucrecia Hernández, “no porque haya una mayoría conservadora, sino porque hay una alianza entre el conservadurismo y la corrupción que hacen una aplanadora, una mayoría aplastante”. De 81 votos necesarios, lograron 101.
Esa alianza entre políticos corruptos y creyentes fundamentalistas se ha consolidado desde hace años para conformar el “Pacto de corruptos”, una red de actores con poder económico y político que se incrustan en los poderes del Estado y desde allí operan para su beneficio, dando una apariencia de hacer “el bien”. El símbolo continuó creciendo. Este miércoles, 9 de marzo, Guatemala fue declarada “Capital Iberoamericana ProVida” a petición de un presidente que busca la aprobación y votos de sectores conservadores.
La Administración de Alejandro Giammattei ha sido señalada por ahondar la crisis en Guatemala al desmantelar la institucionalidad del Estado de Derecho. Una serie de intimidaciones y ataques contra quienes defienden derechos humanos, criminalización de periodistas y la protesta, más el exilio de exfiscales, jueces y magistradas constitucionales, ponen en jaque esa mirada de un país que vela por las vidas de quienes lo habitan, y en el que el despojo es la ley. Te quitan, pero no solo para que no lo tengas, sino para apropiárselo y explotarlo. Ese perverso modelo se busca instaurar ahora sobre los cuerpos y decisiones de la población.
El primer despojo: la autonomía de las mujeres para decidir
Una sección de esta nueva ley se concentra en agravar las penas para las mujeres que abortan. De cinco a 10 años por abortar, de dos a cuatro años por intentarlo, de seis a 10 años por promoverlo. Hace más difícil el aborto terapéutico y el aborto culposo que antes era impune ahora es castigado. Un mayor control sobre sus cuerpos y sexualidades.
Al aumentar las penas para las mujeres que abortan se exacerba el temor a ser encarceladas. Además, este Estado no discute el aborto como un tema de salud pública. En cambio, criminaliza y persigue la agencia de las mujeres para ejercer su derecho a decidir. Se consolida así la expropiación de los cuerpos de las mujeres.
Segundo despojo: el reconocimiento de las familias como tal
De entrada, esta ley define a un tipo de “familia nuclear” como la norma, protegiendo únicamente “la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos” y el vínculo paterno-filial. En un país caracterizado por diversos modelos de ser familia y componer una familia, esta disposición amenaza esa pluralidad y vulnera a todas las personas que no encajan en este modelo.
Tercer despojo: las personas LGBTIQ+ vuelven a ser patologizadas por el Estado
En esta ley del odio, se habilita la discriminación. En sus diferentes capítulos defiende la supremacía heterosexual. En la parte conceptual, el estigma y la desinformación son evidentes al oficializar un concepto de “diversidad sexual” erróneo que la califica como incompatible con “aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Así como este, hay otros errores técnicos en esta ley que ignora convenciones internacionales en salud y buenas prácticas médicas. En resumen, ignora la ciencia y no solo los derechos humanos.
Al hablar de educación, prohíbe a las escuelas “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”. Y al referirse a la libertad de expresión, brinda espacio para la discriminación: ninguna persona está obligada a aceptar prácticas no heterosexuales como normales y menciona que no se perseguirá penalmente a nadie por este rechazo. En resumen, descalifica y deshumaniza a las personas LGBTIQ+. Abre la puerta para el odio.
El despojo se hace ley: censura, libertad de credo y pensamiento
Esta legislación cimienta a en el Estado guatemalteco la estructura de despojo de derechos sobre los cuerpos, familias y la sexualidad de toda la población. Así, legitiman la exclusión y dirigen los esfuerzos de las unidades y ministerios para restringir la libertad de las personas que retan los estereotipos de género.
Es un peligro porque de entrada califica como “amenaza a la sociedad” cualquier forma de entender el mundo distinta a su versión corrompida de una “moral cristiana”. Le dicen a estas personas y a estas familias que son un “peligro para la paz” y que, por lo tanto, hay que legislar. Hay que despojarlas de su ciudadanía y sus derechos. No les importa acatar las protecciones que un Estado laico supone.
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