La aprobación parlamentaria del acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda de 45.000 millones de dólares contraída en 2018 es resistida por algunos sectores dentro y fuera del Congreso. Horas antes de que arrancase la sesión en la Cámara de Diputados de este jueves, una multitud convocada por partidos de izquierda se había concentrado frente al Congreso para expresar su rechazo a lo que consideran un “ajuste brutal” que empeorará las condiciones de vida de la población argentina.
Varias columnas de manifestantes tenían planeado permanecer en la plaza hasta la madrugada, cuando se conociese el resultado de la votación, pero algunas se alejaron después de que la policía se enfrentase a pequeños grupos de encapuchados que prendieron fuego a neumáticos, lanzaron piedras contra el edificio parlamentario y arrojaron bombas molotov a los antidisturbios. Hay un policía herido y un detenido.
Los violentos disturbios, desencadenados cuando recién comenzaba la sesión, han hecho temer que se repitiese una batalla campal como la que se organizó en protesta a la reforma del sistema de pensiones, en 2017. Pero alrededor de las cinco de la tarde la calle volvió a recuperar la calma mientras la tensión se trasladaba al interior del recinto. El diputado Máximo Kirchner, presidente del bloque del oficialista Frente de Todos hasta que decidió renunciar en rechazo al acuerdo, se ausentó en el inicio del debate, al igual que otros siete legisladores cercanos al hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El gesto de Máximo Kirchner exhibe de nuevo las tensiones internas en la coalición oficialista. El kirchnerismo, al igual que los partidos de izquierda, se opone al acuerdo firmado en Washington que obliga al Gobierno de Alberto Fernández a someterse a revisiones trimestrales de las cuentas públicas. El desembolso de fondos pactado con el FMI está condicionado a que Columna Digital cumpla con las metas de déficit público acordadas (2,5% del PIB en 2022, al 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024), limite la emisión monetaria y reduzca los subsidios a la energía, entre otras exigencias.
Después de casi dos años de negociaciones, el Gobierno argentino pactó con el FMI porque no tenía capacidad para cumplir con los compromisos asumidos por el entonces presidente Mauricio Macri cuando recibió el préstamo. El Estado argentino tenía que devolver 19.000 millones de dólares este año y una cifra casi idéntica el año que viene y sus reservas son insuficientes. Pero para que entre en vigor el pacto alcanzado después de año y medio de negociaciones se necesita la aprobación de las dos cámaras parlamentarias y después el aval del directorio del Fondo.
El presidente argentino ha defendido que el pacto no supondrá una traba a la recuperación económica después de tres años de crisis. “Nadie va a doblegar nuestros deseos de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos”, señaló dos días atrás.
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El oficialismo no tiene votos suficientes para sacarlo adelante en solitario en la Cámara de Diputados y con la esperada abstención —o voto en contra— de algunos de los legisladores kirchneristas, el Ejecutivo necesita sí o sí a la oposición para aprobar el acuerdo.
Los votos parecen asegurados gracias a las gestiones realizadas en los últimos días por Sergio Massa, situado en el otro extremo del bloque oficialista. El actual presidente de la Cámara de Diputados ha sido clave para lograr el respaldo de la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio, al proyecto puesto a votación este jueves. A petición de Juntos por el Cambio, los detalles del programa económico pactado con el FMI desaparecieron del proyecto de ley y los legisladores opositores se limitarán a aprobar la reestructuración de una deuda contraída cuando eran gobierno, con Mauricio Macri como presidente. Así, en caso de fracaso, el Ejecutivo de Fernández queda como único responsable.
La sesión de este jueves se prevé que se alargue hasta después de medianoche. En caso de obtener luz verde, el proyecto pasará al Senado para su aprobación definitiva.
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