El esclarecimiento de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica durante décadas ha dado un paso trascendental con la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley, a instancias de PSOE y PNV, para crear una comisión de expertos coordinada por el Defensor del Pueblo. El abrumador respaldo que ha recibido (286 síes, 51 noes de Vox) elimina cualquier sombra de duda sobre la legitimidad democrática de la investigación que se pone en marcha. El apoyo mayoritario nace de un principio de acuerdo entre el PSOE y los partidos Unidas Podemos, ERC y Bildu, que defendían el formato de una comisión de investigación parlamentaria. Aunque existen versiones distintas del alcance de ese preacuerdo, se abre la posibilidad a que las víctimas que lo deseen puedan comparecer en sede parlamentaria y también a arbitrar medidas que obliguen a miembros de la Iglesia a declarar si son requeridos para ello. El Defensor del Pueblo mantendrá informado al Parlamento de la evolución del trabajo de la comisión, y el resultado final, incluyendo sus recomendaciones, será remitido tanto al Congreso como al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias.
El cambio de posición del PP respecto a la iniciativa planteada en febrero por Pedro Sánchez fortalece el objetivo final de la comisión. Su voto afirmativo llegó junto al de formaciones políticas con las que el partido conservador se ha negado a cualquier tipo de acuerdo y respalda así el derecho de cientos o miles de víctimas a que se conozcan los hechos, se investiguen y puedan llegar a acordarse reparaciones económicas. El proceso de cambio de liderazgo que vive el PP puede explicar el viraje, pero también es atribuible al firme compromiso por parte del Gobierno de que la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica española quede enmarcada en una perspectiva profesional —como ha sucedido en otros países— y evite degradar a arma política instrumental una comisión que merece escapar a ese uso fraudulento. La ultraderecha ha preferido situarse al margen del acuerdo con la aspiración implícita de arrogarse la presunta representación de una Iglesia católica plural que cuenta entre sus miembros con activos promotores de la investigación.
En todo caso, el texto aprobado en el Congreso apenas da detalles de cómo se desarrollarán los trabajos. Los promotores de la iniciativa, entre los que se encuentra la exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada del PSOE Carmen Calvo, confían en tener resultados en menos de un año, aunque no se fijan plazos temporales estrictos y se asume que si es necesario se incrementarán los recursos destinados a la investigación. Despejado el marco de quién debe investigar, lo importante ahora es materializar el compromiso del Congreso con las víctimas de los abusos y arbitrar los mecanismos que impidan la reproducción de delitos cuya escala todavía es una incógnita y será otro de los resultados relevantes que tendrá que ofrecer la comisión que liderará el Defensor del Pueblo.
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