El gancho eran los suculentos premios de hasta 30.000 euros de unos boletos que se pusieron a la venta hace más de una década pero que nunca tocaron. Emulando el formato de la ONCE y con una asociación de ayuda a discapacitados como tapadera, una red de venta de cupones de lotería falsa dirigida desde Vigo por dos mujeres, madre e hija, de 73 y 49 años de edad, logró perpetrar una de las mayores “estafas de caridad” descubierta en Galicia, según los investigadores.
Con 26 implicados en el fraude y más de 300.000 boletos incautados en una imprenta cuando estaban listos para su distribución, la red iba a obtener casi medio millón de euros de beneficio con la venta de esta última remesa en varias comunidades. La mayoría de los cupones requisados por la Guardia Civil de Pontevedra eran una imitación de los populares rasca y gana.
La Operación Adiga, llamada así por el acrónimo de la falsa Asociación de Discapacitados de Galicia que servía de tapadera, ha destapado una estafa de ámbito nacional, con ramificaciones en Andalucía, País Vasco y Extremadura. En estos territorios es donde la red desmantelada obtuvo gran parte de sus beneficios.
Fue una inspección rutinaria a uno de los vendedores de los cupones por parte de la Policía Local de Baiona (Pontevedra) la que en noviembre de 2020 desbarató un negocio ideado por el marido de la mujer detenida y padre de su hija y que se desarrolló al menos desde 2010. Tras su muerte, ellas continuaron con la estafa, incluso ampliando los formatos de juegos de azar al amparo de la falsa entidad de discapacitados. Mientras, las dos detenidas llevaban una vida discreta y sin lujos.
Agentes municipales de Baiona interrogaron en noviembre de 2020 a un vendedor que habitualmente se apostaba en el centro del municipio, en los alrededores de la casa consistorial, pero sus respuestas no resultaron convincentes. “Intuimos que el tema iba más allá de una posible infracción administrativa”, explica el inspector jefe de la Policía Local. “Después de realizar varias consultas en la Xunta sobre la aplicación de la ley autonómica del juego, los indicios no encajaban y se decidió redactar un atestado por una posible estafa que se remitió a la Guardia Civil”, añade el agente.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo se hizo cargo del caso y en unos meses concluyó que detrás de la asociación benéfica operaba una organización criminal. Se preparó una redada que hace dos semanas culminó con la detención e investigación penal de 11 personas y la localización de un local en Moaña (Pontevedra), donde se imprimían los cupones. Ahora, el número de implicados ya se ha duplicado, según confirmaron fuentes de la investigación.
El juzgado de instrucción número 6 de Vigo que lleva el caso acumula indicios contra los principales responsables del entramado para imputarles delitos de contrabando, asociación ilícita, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores, ya que la mayoría de los vendedores que utilizaba la red no tenían contrato y trabajaban a cambio de una mínima comisión.
La Guardia Civil constató que existía una red de vendedores con discapacidad en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra y comprobó que todos los cupones habían sido impresos con los mismos medios técnicos. A lo largo de varios meses, los agentes fueron reuniendo gran cantidad de información relativa a las relaciones laborares entre la falsa asociación y los vendedores a pie de calle. “Era una red similar a las que se dedican al menudeo de drogas, en las que los distribuidores y vendedores trabajan sin contrato ni protección social por una ínfima comisión”, apuntan sobre el caso los investigadores.
Dinero sin rastro
La resiliencia de esta organización es llamativa. Durante más de diez años ha venido operando bajo diferentes nombres, no sólo en el ámbito gallego, sino también vinculada a otras organizaciones en el resto del territorio nacional, ocasionando graves perjuicios a los vendedores legales de entidades como la ONCE, destaca la Guardia Civil. Sin embargo, no consta ninguna denuncia ni reclamación por impago.
Durante la investigación, los agentes identificaron las vías de distribución de los boletos, que se servían principalmente de envíos camuflados en paquetería comercial. También localizaron los cauces del flujo de dinero en efectivo, ya que los miembros de la banda evitaban dejar rastro con depósitos o transacciones bancarios.
Tras la detención simultánea de las dos mujeres consideradas cabecillas de la organización y del responsable de la fabricación de los boletos, un hombre de 49 años que tenía toda la infraestructura de impresión en la localidad de Moaña (Pontevedra), se llevaron a cabo varios registros domiciliarios. Además de los cupones dispuestos para la venta, los agentes se incautaron en la imprenta de una importante cantidad de dispositivos informáticos utilizados para el diseño y maquetación de los boletos, 11.620 euros en efectivo y numerosa documentación relacionada con la contabilidad del juego ilegal.
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