Nunca llegó a ser una petición formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la recomendación del presidente Iván Duque y las palabras del registrador nacional, Alexander Vega, que abrieron la posibilidad de volver a contar los votos de las legislativas del pasado 13 de marzo, sumieron a Colombia en la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Antes de que Duque y Vega abrieran la puerta a un escenario desconocido e inédito en la historia colombiana, fue el expresidente Álvaro Uribe -que vio disminuido su caudal electoral en el Congreso con su partido Centro Democrático- quien dijo que los votos debían volverse a contar, aun cuando no existe una mecanismo legal para hacerlo y solo plantearlo como una posibilidad supone un menoscabo a la democracia e institucionalidad del país.
Este martes, en una audiencia de más de cuatro horas, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque no existe una figura normativa para hacerlo e intentarlo supondría poner en duda todo el sistema electoral. Solo entonces, el registrador se echó para atrás y reconoció que en Colombia no hay razones para hablar de fraude. La pelea jurídica terminó, pero la puja política continúa y aviva los señalamientos sobre el papel del registrador en un año electoral que apenas empieza. En mayo será la primera vuelta presidencial y, en caso de no resultar vencedor ninguno de los candidatos, se llevará a cabo una segunda en junio, de donde saldrá el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años.
“No es razonable ni ajustado al ordenamiento colombiano que se lleve a cabo un reconteo general de la votación para el Senado porque ya se tramitaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”, opina el abogado y exmagistrado José Gregorio Hernández. Analistas, historiadores y políticos llevaban horas advirtiendo de que la idea de volver a contar los votos no solo era imposible de realizar sino que además era peligrosa. “Un reconteo daría lugar a una crisis institucional porque podría haber candidatos que no quedaran contentos con el resultado y volvieran a pedir un reconteo”, dice Hernández. Podía ser un proceso sin fin y, al no haber antecedentes, tampoco se sabía cómo llevarlo a cabo. En las elecciones del domingo 13 de marzo participaron 17.000 jurados que trabajaron sobre 112.000 mesas de votación. ¿Cómo se organizarían de nuevo para un reconteo? ¿Cuándo se haría? ¿Cómo se garantizaría que esta vez quedaran todos satisfechos? Hasta este martes no había respuestas sobre la propuesta del Gobierno que puso al país de cabeza.
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La polémica empezó por 500.000 votos. En el preconteo, dado a conocer la misma noche electoral, la coalición de izquierda, liderada por el candidato Gustavo Petro, identificó que no se habían contabilizado más de 400.00 votos, que luego sí se reflejaron en el escrutinio oficial. La advertencia dio pie para que la derecha hablara de que se estaba fraguando un fraude y se empezara a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a contar todos los votos e incluso desconocer los resultados electorales. “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría a su favor y no haya respuesta. ¿Por qué le teme a un reconteo? Que empiece a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados en debida forma?”, insistía hasta la mañana de este martes el expresidente Uribe, que ha guardado silencio después de que, con excepción de su partido, el Centro Democrático, y el Partido Conservador, todos los demás se opusieron a la idea de volver a contar los votos.
El exmagistrado José Gregorio Hernández, conocedor del sistema electoral, explicaba en un video por qué la sola propuesta era a todas luces ir contra la institucionalidad del país. “Hubo un preconteo inicial en la noche del domingo [la del 13 de marzo] y culminó con la entrega de resultados preliminares. Después se realizó el escrutinio con más de 5.000 jueces de la República y aparecieron algunas votaciones que estaban perdidas por errores humanos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá formalizar y entregar las curules correspondientes mediante el título que contempla el ordenamiento jurídico: las credenciales”, decía Hernández en un repaso sobre cómo funciona el sistema. En la misma línea se manifestaron los movimientos políticos que participaron en la audiencia de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes por el presidente Duque para evaluar volver a abrir las bolsas con votos y empezar de nuevo con el conteo.
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