Sin cuestiones ejecutivas de calado a votar, el pleno del mes de marzo del Ayuntamiento de Barcelona tuvo este viernes como principal interés la enmienda al modelo de ciudad del Gobierno de Ada Colau que lanzaron los grupos de la oposición. Justo después de diez días horribilis en que los comunes han visto como los tribunales tumbaban la ley catalana del alquiler (que ya no es vigente) y la Zona de Bajas Emisiones (todavía vigente porque la sentencia no es firme).
El remate de final de semana llegó en forma de textos en los que los grupos de Junts y Ciutadans pidieron suspender, respectivamente, el veto a los coches más contaminantes; y la Superilla del Eixample, otro de los proyectos estrella de Colau.
De nuevo fue ERC quien salvó a la alcaldesa con su apoyo político a los dos planes. Resurgió el tripartito (comunes y PSC en el gobierno municipal, con el apoyo de los republicanos) que oficialmente nunca ha sido pero que tantas votaciones ha salvado a Colau. Ciutadans, el PP y Valents votaron a favor de suspender los dos proyectos.
Fue un pleno, además, plagado de fuego cruzado entre los partidos. Los republicanos estuvieron especialmente críticos y lanzaron duros reproches a Junts, con quien gobiernan en la Generalitat. “Siempre les veo muy cerca de la Barcelona del sí del PSC”, dijo el concejal de ERC Jordi Coronas. Quizás influyó que Junts se descolgara el jueves por la noche del amplio acuerdo sobre la política lingüística alcanzado en el Parlament. Pero ERC también arremetió contra los comunes y sus socios del PSC. “Un socio llega siempre tarde y estropea buenas ideas; el otro, se centra en contentar al establishment”, lanzó la edil Eva Baró.
La líder de Junts en el consistorio, Elsa Artadi, y la responsable de Urbanismo, Janet Sanz, mantuvieron un tenso toma y daca. “Ustedes piden informes, pero esto va de modelo de ciudad. Diga que son de derechas, negacionistas y así tendrá garantizados los votos de la extrema derecha”, espetó Sanz. “Hombre, sabiendo que gobiernan gracias a Manuel Valls, no está mal”, replicó Artadi. Y la misma Artadi buscó el cuerpo a cuerpo con el PSC, preguntándole dónde estaba en un pleno donde no hubo diferencias entre socialistas y comunes.
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Un cóctel de 25 minutos de debate por tema dejó bien claro que las elecciones municipales se acercan y toca enseñar las uñas. Porque, visto el espectáculo, es bueno recordar que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones ahora anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no tuvo ni un voto en contra cuando se aprobó en 2019: el 80% de los concejales votaron a favor.
Lo recordó el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. “No tuvo votos en contra, tuvo el consenso de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona y cinco municipios: la ZBE tiene muchos padres y madres”, afirmó. También argumentó que Barcelona incumple los límites europeos de contaminación desde 2010, y que la ZBE se anunció tres años antes de implantarse. Las excepciones para casos especiales o colectivos vulnerables, zanjó, permiten que haya “a coches de 17 años sin etiqueta circulando”.
Ninguno de estos argumentos evitó las críticas. “En la concreción se ha actuado con improvisación, imposición y falta de rigor”, acusó desde Ciutadans Luz Guilarte. “Dudamos si la sentencia es por el fondo o por la forma. Han implantado demasiadas veces buenas ideas de forma desastrosa”, apuntó Max Zañartu, de ERC. “Se les girará en contra” advirtió Francina Vila, de Junts, pidiendo consenso. Junts, Ciutadans, PP y Valents recordaron que también se anuló el Plan Urbanístico de Alojamientos Hoteleros, el PEUAT, y alertaron de lo caro que podría salir para la ciudad si hubiera que retornar las multas de la ZBE o compensar a los afectados.
Los recursos contra la Via Laietana se cuelan en el debate
No hubo ningún punto para tratar las obras de reforma de la Via Laietana, pero el anuncio de la patronal Fomento del Trabajo y los comerciantes de Barcelona Oberta de presentar recursos judiciales para paralizar las obras se colaron en el pleno. Y si ocurrió fue porque al debatir sobre otros proyectos como la Superilla del Eixample o la Zona de Bajas Emisiones, la oposición criticó las formas y lo que entienden que es falta de rigor en la tramitación de los expedientes. “Usted y Sánchez Llibre [presidente de la patronal] son Junts pel no”, dijo Janet Sanz a Elsa Artadi.
Celestino Corbacho, de Ciutadans, dijo que se ha mirado los “mil folios” del expediente de la Via Laietana. “Hay informes sobre cómo tiene que ser el eje para que gire el bus, la altura de las farolas, pero no de movilidad sobre qué ocurrirá con los 25.000 coches que dejarán de pasar ni cuál será su impacto en el entorno”. Corbacho sugirió que en expedientes que están en cuestión se encargue un informe jurídico para determinar si las cosas se han hecho bien.
La propuesta de la ‘tasa Amazon’, antes del 1 de julio
Barcelona lleva años dando la vuelta a cómo crear —porque sería inédito en el mundo— una tasa que grave a las grandes empresas de comercio por internet que realizan entregas en la ciudad pero ni tienen locales abiertos al público ni pagan impuestos.
No está resultando fácil. Quien abandera la tasa Amazon dentro del gobierno de Ada Colau es el PSC y en concreto la concejal Montse Ballarín. Entre los aliados tiene a ERC, que este viernes en el pleno preguntó qué hay de una tasa que no llega. Ballarín presumió de haber abordado otros fenómenos complejos como las cocinas y supermercados fantasma con un plan urbanístico que las expulsa de la ciudad. Admitió que las competencias locales son limitadas y que, aunque lo han estudiado del derecho y del revés, la tasa Amazon son palabras mayores. Lo que sí tiene claro el consistorio es que la fórmula es gravar el uso del espacio público que hacen los vehículos que reparten compras hechas por internet. Antes del 1 de julio habrá una primera propuesta, anunció.
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