El Gobierno español trata de cerrar cualquier vía de agua en la propuesta que presentará en los próximos días a la Comisión Europea para desligar el precio de la luz del del gas, que en los últimos meses se ha disparado hasta niveles estratosféricos y ha arrastrado consigo a la electricidad.
El objetivo: que Bruselas no ponga ninguna pega al esquema que impondrá un tope máximo sobre el precio al que ofertan las centrales que queman gas natural y, probablemente, también sobre las plantas de cogeneración y carbón.
En ese esfuerzo por limitar al máximo los puntos de fricción con el Ejecutivo comunitario, España y Portugal trabajan en un sistema de doble casación de precios, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. La primera arrojaría un valor para las interconexiones internacionales (con Francia), y la segunda fijaría el precio interno (el que pagarán los consumidores que cuentan con una tarifa regulada, también conocida como PVPC).
Esas mismas fuentes descartan, además, que ya se haya decidido el precio máximo al que podrán ofertar las centrales alimentadas con combustibles fósiles, la clave de boveda del sistema ideado para rebajar los precios.
Con esta doble casación, las autoridades españolas y portuguesas persiguen dos metas: evitar que los consumidores franceses se beneficien del futuro tope al gas, que rebajará sustancialmente el precio en el mercado ibérico, y convencer a los técnicos de la Comisión de que ese cambio de paradigma en la Península no supondrá ninguna distorsión para el resto de mercados europeos, una línea roja innegociable para Bruselas.
El mecanismo funcionaría, grosso modo, como sigue. Primero se llevaría a cabo una subasta que arrojaría exactamente el mismo precio que con el actual diseño de mercado: los ciclos combinados —el nombre que reciben las centrales de gas— seguirían tirando al alza del mercado mayorista, y ese precio es al que se ofrecería la electricidad en el mercado internacional.
De esta forma, Francia —el único país europeo con el que tiene conexión directa el sistema eléctrico ibérico— no tendría más incentivos que ahora para comprar energía a España y el mercado eléctrico comunitario no sufriría ningún tipo de contaminación derivada de los cambios aplicados en la Península. Después llegaría la novedad respecto al marco actual: se produciría la segunda casación, con los ciclos combinados y —muy probablemente— el resto de centrales fósiles ya topadas, para bajar el precio que afrontan los consumidores.
“No se alterarían los contratos que están firmados conforme al mercado diario, que se mantendrían tal cual y se regirían por la primera casación, mientras que la segunda es la que importaría de verdad a los consumidores españoles”, subraya Jorge Morales de Labra, especialista en el sector eléctrico y director de la comercializadora Próxima Energía, que ve, sin embargo, “muchos detalles técnicos por pulir” en la propuesta que acabe enviándose a Bruselas.
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La interconexión entre España y Francia es escasa: del 2,8%, muy lejos del objetivo comunitario (10%), lo que le ha valido a la península Ibérica la consideración de “isla energética” por parte del Consejo Europeo y le permitirá establecer cambios de calado en su mercado eléctrico. A pesar de esa interconexión limitada, en las últimas semanas, con el parque nuclear francés a medio gas, los ciclos combinados españoles están vendiendo una gran cantidad de electricidad al país vecino para cubrir la demanda del país vecino. Fuentes del sector cifran en el equivalente a dos barcos metaneros al mes la cantidad de gas que se está utilizando en esa operativa.
Eso, con los precios actuales: de no establecerse ese esquema de doble casación en el que trabajan Madrid y Lisboa, esa cifra crecería aún más —para aprovechar esa brecha de precios—, copando la interconexión en la mayoría de franjas horarias. “Si tú muestras al resto de países que tu energía es más barata, demandarían, vía Francia, toda la energía que produce España”, explica Natalia Collado, experta en mercados regulados del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol. “Este sistema [en el que trabajan España y Portugal] sería efectivo para preservar los incentivos y no desvirtuar el funcionamiento del resto de mercados europeos, que es justo lo que pide la Comisión Europea”, añade por teléfono. Quedaría, eso sí, “la incógnita de qué pasa con la hidráulica: a qué precio ofertan estas centrales a partir de ahora”.
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