La política peruana superó este lunes un nuevo nudo, aunque el episodio se podría repetir en el corto plazo. Desde 2016, cuando el Congreso empezó a usar contra cada presidente la “vacancia por incapacidad moral permanente” —una figura constitucional imprecisa que, de contar con 87 votos, permite destituir al mandatario— los destinos del país parecen entrampados en la eterna lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Este lunes, en 13 minutos, el presidente Pedro Castillo presentó sus descargos ante una moción de vacancia promovida por la oposición debido a denuncias fiscales y periodísticas por tráfico de intereses y colusión, en las que son investigados una gestora de intereses, el exsecretario general de la presidencia, tres de sus sobrinos y empresarios que buscaban contratar con el Estado. Pasadas las 23:15 de la noche hora local, la votación fue de 54 parlamentarios en contra, 55 a favor y 19 abstenciones.
En diciembre, una primera moción contra el mandatario -por similares cuestionamientos- no logró los votos suficientes para ser admitida a debate. Ante el uso continuo de dicha figura por parte del Congreso, el descrédito de ese poder del Estado aumenta cada mes. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida este lunes, un 79% de consultados desaprueba al Parlamento y un 17% lo aprueba.
El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado para reiterar su preocupación por “el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional”, debido a que “ha sido promovida seis veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos”, describió.
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