El presidente de Túnez, Kais Said, decretó este miércoles la disolución del Parlamento después de que un grupo de 124 diputados organizasen una reunión por internet mediante la aplicación Zoom para anular las medidas excepcionales que el mandatario implantó el pasado 25 de julio.
El presidente, que ha ido acumulando poderes legislativos, judiciales y ejecutivos desde julio, decretó como primera medida el bloqueo de la aplicación en todo el país. Y después anunció mediante la difusión de un vídeo la disolución del Parlamento. “Debemos proteger al Estado de las divisiones. No dejaremos que continúe esta agresión contra el Estado”, declaró en un vídeo citado por la agencia Reuters.
Said es un jurista de 64 años, sin experiencia política previa, que arrasó en las presidenciales de 2019 con un rotundo 72,71% de los votos, frente al 27,29% de su rival. El antiguo profesor de Derecho Constitucional era partidario de regenerar el sistema para devolver la democracia al pueblo y combatir la corrupción. Pero los poderes del presidente estaban limitados a la política de defensa, relaciones exteriores y seguridad nacional. El 25 de julio suspendió temporalmente las funciones del Parlamento apoyándose en una interpretación muy discutida de un artículo de la Constitución que alude a situaciones excepcionales. En aquel momento, el 76,8% de los tunecinos respaldaban la medida del presidente, según la compañía de sondeos Sigma, la más solvente del país. Pero, poco a poco, Said fue perdiendo aliados a medida que acaparaba más y más poderes.
Este miércoles las críticas arreciaron en las redes sociales. Said Benarbia, responsable del Magreb para la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), tuiteó: “La Constitución es muy clara. El Parlamento no puede ser disuelto durante el estado de excepción, como viene regulado en el artículo 80. (…) El presidente no tiene autoridad constitucional para suspenderlo″. El artículo 80 fue el que esgrimió Said cuando suspendió las funciones del Parlamento en julio. En decenas de tuits se subrayaba este miércoles la frase de ese artículo donde consta que “el presidente de la República no puede disolver la Asamblea de Representantes del Pueblo”.
La ministra de Justicia, Leïla Jaffel, anunció que la fiscalía ha iniciado una investigación judicial contra los diputados que mantuvieron la reunión por internet, en la que se les acusa de conspirar contra el Estado.
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