Las autoridades judiciales de Austria ya no tienen dudas sobre uno de los personajes más famosos y controvertidos de Alemania y también de Austria, propietario de un elegante pabellón de caza en la localidad austríaca de Grünau. Según la jueza administrativa de Linz, Karin Lidauer, que acaba de ratificar una prohibición de utilizar armas de fuego, el príncipe Ernesto Augusto de Hannover “es un peligro para el público”.
La perentoria sentencia se ha hecho pública después de que la Corte rechazara un recurso presentado por el príncipe ante una sentencia anterior con la que un tribunal le había retirado el permiso para utilizar armas en julio de 2020 a causa de un confuso incidente ocurrido en las cercanías del pabellón de caza.
La madrugada del 15 de julio de 2020, la policía recibió una llamada de auxilio del príncipe, quien reveló que estaba tirado en una zanja y que terceras personas intentaban asesinarlo. Dos agentes de la policía se dirigieron al lugar señalado y encontraron a dos personas, un hombre y una mujer, pero no había rastro de Hannover. Los guardias finalmente encontraron al príncipe en su pabellón de caza en Grünau, desde donde reaccionó con irritación y expulsó de su propiedad tanto a los agentes como a la pareja que los acompañaba.
Según el periódico austríaco Kronen Zeitung, que reveló los detalles del incidente, el príncipe les dijo a los policías que ese hombre ya había tratado de matarlo tres veces al no darle su medicación. Según el informe policial en poder del periódico, Ernesto Augusto se fue poniendo cada vez más agresivo y agarró a uno de los dos oficiales por la cabeza. El policía se defendió y le dio un golpe de tal calibre que lo tiró al suelo. Fue entonces cuando el príncipe amenazó a los agentes con un afilador de cuchillos de 30 centímetros. Los oficiales se lo quitaron de la mano y lo retuvieron en el suelo. Después de unos segundos, los agentes permitieron que el príncipe volviera a levantarse y, al hacerlo, el bisnieto del último emperador alemán le dio un puñetazo a un agente. “Se comportó de un modo extremadamente agresivo y atacó”, aseguró la policía, que decidió internar al príncipe en el departamento de psiquiatría de una clínica.
Las denuncias contra el príncipe no se hicieron esperar y el 30 de diciembre de ese año la fiscalía de Wels dio a conocer la acusación formal contra el aristócrata y pidió una pena de tres años de cárcel. “Se lo acusa de intentar repetidamente impedir que los agentes de policía realicen diversos actos oficiales mediante el uso de la fuerza y haciendo amenazas peligrosas, y de herir también a algunos de ellos en el cuerpo”, señaló la Fiscalía. Días después del ya citado incidente, el 20 de julio, Hannover fue además acusado de amenazar peligrosamente a un oficial de policía con un bate de béisbol. De nuevo, el 7 de septiembre se lo acusó “de dañar el cristal de la ventana del comedor del edificio residencial de la Fundación del duque de Cumberland y de intentar obligar a la pareja de empleados de allí, junto con su hija, a abandonar el edificio que ocupaban mediante amenazas peligrosas”.
El príncipe fue condenado, en marzo de 2021, a una pena de cárcel de 10 meses en régimen de libertad condicional y el Tribunal Regional Superior anuló todas las órdenes contra él antes de su juicio de apelación. Lo que no se levantó fue una prohibición de armas que se le había impuesto tras los incidentes ocurridos en el verano de 2020. El príncipe recurrió dicha prohibición, pero el Tribunal Administrativo Regional justificó su decisión de mantenerla afirmando que el factor decisivo era el pronóstico sobre si la persona en cuestión podría hacer un mal uso de las armas en el futuro.
Aunque Ernesto Augusto no había utilizado armas reales en los incidentes, se habían producido “frecuentes escaladas de violencia” y el príncipe había utilizado, entre otras cosas, un afilador de cuchillos, un bate de béisbol y una señal de tráfico “como armas”. Por lo tanto, era de temer que también utilizara armas en el sentido que se estipula en la ley de armas “con el fin de poner en peligro la vida, la salud o la libertad de las personas o los bienes de terceros mediante su utilización indebida”.
El príncipe tiene ahora un plazo de seis semanas para recurrir la decisión del Tribunal Administrativo Regional ante el Tribunal Constitucional o presentar un recurso extraordinario ante el propio Tribunal Administrativo.
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