El éxito de la lucha policial contra el narcotráfico y, en concreto, contra las plantaciones de marihuana se ha convertido en “uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, según reconoce el Ministerio del Interior en un documento interno. El exponencial aumento de las incautaciones de plantas de cannabis ―en 2021 se ha intervenido más de tres millones, lo que supone un incremento próximo al 100% respecto al año anterior y sitúa a España a la cabeza de la producción de esta droga en Europa― ha obligado al departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska a licitar un contrato para contar con la ayuda de empresas privadas en el desmantelamiento de las plantaciones más grandes, las que cuentan con más de 10.000 plantas , y que son cada vez más numerosas, según las estadísticas policiales.
“En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad” por la falta de preparación y maquinaria, señala el expediente de contratación. En el mismo, Interior añade que dedicar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad “absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente”. Por ello, concluye que se hace imprescindible “la contratación de empresas del sector privado que con sus conocimientos y medios técnicos estén en disposición de desarrollar estos trabajos”.
Hasta ahora, Interior venía apostando desde 2017 por la compra de máquinas destructoras de biomasa (hasta un total de 42 en tres contratos) para hacer frente a los problemas que ocasionaba, tanto de seguridad como de salubridad, la acumulación de estas plantas enteras en las llamadas Unidades Regionales de Custodia y Depósito (URCD) hasta que el juez decidía su destrucción. Por ello, en el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana, presentado el pasado diciembre, el ministerio situó como tercer objetivo, precisamente, “favorecer logísticamente la destrucción de las plantaciones de marihuana”, incluso in situ.
Para ello, Interior ha previsto ahora gastar 163.350 euros, aunque en el pliego de la licitación admite que esta cifra está sujeta a variaciones presumiblemente al alza. “Esta actividad ilegal, por su propia naturaleza ilícita, está sujeta a variaciones geográficas y posibles incrementos”, señala el documento, que concluye que esta estimación del gasto inicial se ha hecho a la vista de las actuaciones policiales de 2021 y, por tanto, “resulta incierta”.
En este sentido, el documento destaca que las diversas circunstancias a las que los agentes se enfrentan con estas plantaciones aconseja no calcular el coste de destrucción que cobrarán las empresas por el número de plantas. Así, Interior recuerda que, a veces, la policía se encuentra con “plantones de escasos centímetros” y en otras, con “árboles de cerca de dos metros”. “Los lugares de ubicación también plantean problemas, al presentarse desde zonas de fácil acceso junto con otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables”, señala sobre el emplazamiento. Y añade los problemas que presentan los cultivos en invernaderos, que en los que trabajar es muy penoso “cuando se producen altas temperaturas” o por la existencia de mallas plásticas que obliga a retirarlas, con la consiguiente dificultad, antes de proceder al desbrozado.
Interior recuerda también en el expediente de licitación que los trabajos no serán siempre los mismos, “dado que depende de las instrucciones concretas que en cada caso imparta la Autoridad judicial”. Así, señala que, en algunos casos, el juez ordenará el arrancado de las plantas y su traslado a un vertedero, “con lo que no es necesaria una previa trituración”. En otros, sin embargo, las instrucciones de los magistrados pueden ser que la toda la marihuana intervenida se conserve bajo custodia policial, por lo que la empresa deberá triturar las plantas y meterlas en sacos “para evitar la putrefacción y facilitar su traslado posterior” a los depósitos policiales y judiciales y, de ahí, a las incineradoras o vertederos donde finalmente es destruida. El tiempo que transcurre entre la incautación de un alijo de cualquier tipo de droga y su destrucción final oscila entre el mes y medio y los tres meses.
El ministerio ha dividido el contrato en cuatro lotes para otras tantas zonas geográficas en atención a las de mayor número de aprehensiones. El primer lote corresponde a la provincia de Granada, en la que Interior ha presupuestado invertir 60.500 euros, más de un tercio del total del contrato. Le siguen por cuantía los lotes correspondientes a las provincias de Almería y Murcia (42.350 euros) y Cataluña (36.300). Madrid y provincias limítrofes, con 24.200 euros, es el de menor importe. No se contempla licitar contratos para otras provincias. Las empresas adjudicatarias recibirán un fijo de 250 euros por plantación para costes de transporte y material, a los que se sumarán 25 euros por empleado y hora, cantidad que se incrementarán un 25% si el trabajo se desarrolla en sábado, domingo o festivo. La duración del contrato es de un año y las adjudicatarias empezarán con la destrucción de las plantaciones el próximo 1 de junio. El encargado de la ejecución será en Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El departamento de Grande-Marlaska pedirá a la empresa o empresas adjudicatarias que, antes de arrancar las plantas, colaboren con la policía “en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción” para que sirvan de prueba ante la autoridad judicial. Posteriormente, deberán encargarse de arrancar las plantas y, si el juez ha ordenado su conversación, de triturarlas, compactarlas y guardarlas en sacas de plástico o cajas hasta que se determine su destrucción. Todo ello, siempre bajo la supervisión de la policía, de la que recibirán instrucciones, sobre todo en “cuestiones relacionadas con la seguridad”. Interior incluye también en el contrato una cláusula de confidencialidad para que las empresas adjudicatarias y sus empleados no faciliten información “a terceras personas”.
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