El futuro del patrimonio de los dos empresarios que cobraron comisiones millonarias por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante lo peor de la pandemia, Luis Medina y Alberto Luceño, se encuentra en manos del juez Adolfo Carretero. Como adelantó Columna Digital, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid no solo ha admitido a trámite la querella interpuesta contra ellos por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de estafa y blanqueo, sino que además estudiaba embargar los bienes de lujo que ambos adquirieron con el dinero que obtuvieron de esa operación, según detallaban fuentes conocedoras de la investigación. Una iniciativa que ha ordenado adoptar este viernes, según confirman fuentes jurídicas.
En su escrito, la Fiscalía planteaba al juez esta posibilidad con el objetivo de asegurar así la recuperación del dinero público presuntamente estafado en la compraventa irregular llevada a cabo en marzo de 2020. Este viernes se ha dado luz verde a esa iniciativa, según las mismas fuentes. Además, según avanzó el jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado ha aprobado también interrogar a los dos empresarios investigados, a los que ha citado el 25 de abril, así como “a los testigos necesarios para esclarecer los hechos”.
Luis Medina, un habitual de la prensa rosa, pertenece a una familia acomodada: es el hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina —anterior duque de Feria—. Alberto Luceño es uno de sus amigos. Según Anticorrupción, nada más estallar la crisis de la covid-19, cuando cientos de personas morían y los ciudadanos se encontraban confinados en casa mientras los sanitarios hacían frente a un virus desconocido, ambos “actuaron de común acuerdo” para “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, y esquilmar así las arcas públicas.
El relato del ministerio público resulta de una contundencia brutal. Medina y Luceño se valieron de un familiar del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para contactar con el Ayuntamiento de la capital, al que ofrecieron “grandes remesas” de material sanitario fabricado en China. Entonces, añade la Fiscalía, los empresarios “inflaron artificialmente” el coste con comisiones exageradas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los test; y del 81 % para los guantes. Y, con los casi seis millones que se metieron en el bolsillo, adquirieron bienes de lujo.
La querella de Anticorrupción incluye un listado con los productos que adquirieron: entre ellos, una docena de coches de alta gama —como un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros; un Lamborghini Huracán Evo Spyder de 299.999 euros; o un Aston Martin DBS Superleggera de 293.000 euros—; relojes de oro; un yate, al que Medina bautizó como Feria y registró en Gibraltar; y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con tres plazas de garaje valorada en más de un millón de euros. En agosto de 2020, el primer verano de la pandemia, Luceño también pagó 60.000 euros por una estancia de una semana en un hotel de Marbella (Málaga).
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Este escándalo ahonda en la crisis política que sufre el alcalde de la capital. No solo porque Anticorrupción destacó en su escrito que uno de sus familiares —su primo Carlos Martínez-Almeida— participó como mediador en la operación de Medina y Luceño, sino también porque el regidor ya se vio salpicado por la presunta trama de espionaje que denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que atribuyó al entorno de Pablo Casado, presidente del PP hasta hace tan solo unos días.
Almeida compareció el jueves en rueda de prensa tras una Junta del Gobierno del Consistorio y defendió su gestión. “La persona que contactó con mi primo no fui yo”, expuso el regidor, que aseguró que no se enteró de que su familiar había hecho de mediador hasta que se conoció la noticia el pasado viernes. “Solo contratamos con esta empresa; no hicimos pagos a estas personas”, dijo el alcalde, que añadió: “Yo no tenía ni idea de que mi primo había intervenido […]. He hablado con mi primo, pero no voy a decir qué he hablado con él. Me parece indignante en qué ha acabado el dinero de Madrid. Si el Ayuntamiento ha sido estafado, vamos a ejercer hasta las últimas acciones. ¿Alguien puede pensar que tuviéramos algún interés en cobrar más por las mascarillas? Nuestro pecado fue que los funcionarios que salieran a la calle estuvieran protegidos. Si se produce una estafa, el estafado es el Ayuntamiento de Madrid”.
El juez Carretero ha ofrecido al Ayuntamiento personarse en la causa. El PSOE, partido de la oposición, ya ha anunciado que lo hará como acusación popular.
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