El magistrado Adolfo Carretero, que asumió la instrucción sobre las comisiones millonarias cobradas por los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la crisis del coronavirus, ha destacado la “gravedad” de los hechos bajo sospecha. En un escrito firmado este martes —donde admite la personación del Consistorio, del PSOE y de Podemos como acusaciones—, el juez subraya el enorme “interés general y repercusión pública” de este caso, “al investigarse el manejo de fondos públicos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia, con miles de fallecidos diarios, [para] determinar si se beneficiaron a determinadas personas en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid anunció la pasada semana que el juez había admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y Medina por delitos de estafa agravada, blanqueo y falsificación. Según el ministerio público, en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, cuando cientos de personas morían y los ciudadanos se encontraban confinados en casa mientras los sanitarios hacían frente a un virus desconocido, los dos empresarios actuaron “de común acuerdo” para “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”.
El relato de la Fiscalía resulta abrumador. Ambos recurrieron presuntamente a un primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para entrar en contacto con el Ayuntamiento, al que ofrecieron “la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. A cambio, se embolsaron seis millones de euros, gracias a que “inflaron artificialmente” los precios de los productos con comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los test; y del 81% para los guantes, según las pesquisas. Con los beneficios que obtuvieron, compraron bienes de lujo, que el juez ya ordenó embargar para asegurar la recuperación del supuesto dinero estafado.
Según consta en el auto de este martes, el instructor admite la personación del Consistorio como acusación particular, “por ser perjudicado de los presuntos delitos”. También, acepta como acusación popular al PSOE y a Podemos, a los que exime de depositar fianza. De momento, “no se tiene por personado como acción popular a Rita Maestre [concejal del Ayuntamiento], y al Grupo Más Madrid, por no aportar el poder general para pleitos preceptivo, sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto”, detalla también el magistrado en su resolución.
Luis Medina, un habitual de la prensa rosa, es el hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina —anterior duque de Feria—. Alberto Luceño es uno de sus amigos. El juez los ha citado a declarar el 25 de abril, y prevé también interrogar “a los testigos necesarios para esclarecer los hechos”.
La querella de Anticorrupción incluye un listado con los productos de lujo que adquirieron: entre ellos, una docena de coches de alta gama —como un Ferrari 812 Superfast de 355.000 euros; un Lamborghini Huracán Evo Spyder de 299.999 euros; o un Aston Martin DBS Superleggera de 293.000 euros—; relojes de oro; un yate, al que Medina bautizó como Feria y registró en Gibraltar; y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con tres plazas de garaje valorada en más de un millón de euros. En agosto de 2020, el primer verano de la pandemia, Luceño también pagó 60.000 euros por una estancia de una semana en un hotel de Marbella (Málaga).
Almeida compareció en rueda de prensa la pasada semana para defender su gestión. “La persona que contactó con mi primo no fui yo”, expuso el regidor, que aseguró que no se enteró de que su familiar había hecho de mediador hasta que se conoció la noticia. “Solo contratamos con esta empresa; no hicimos pagos a estas personas”, dijo el alcalde, que añadió: “Yo no tenía ni idea de que mi primo había intervenido […]. He hablado con mi primo, pero no voy a decir qué he hablado con él. Me parece indignante en qué ha acabado el dinero de Madrid. Si el Ayuntamiento ha sido estafado, vamos a ejercer hasta las últimas acciones. ¿Alguien puede pensar que tuviéramos algún interés en cobrar más por las mascarillas? Nuestro pecado fue que los funcionarios que salieran a la calle estuvieran protegidos. Si se produce una estafa, el estafado es el Ayuntamiento de Madrid”.
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