En 2019, la Unión Europea anunció el Pacto Verde Europeo (The European Green Deal) poniendo la mirada en la sostenibilidad ambiental y la descarbonización bajo el paraguas de la transición ecológica. Es así como, a día de hoy, se está haciendo hincapié en la lucha contra el cambio climático y la transformación del modelo energético basado en las energías limpias.
En 2020, la UE se comprometió en reducir sus emisiones en un 20%; y lo cumplió alcanzando el 22,1%. Sin embargo, no todos los países avanzaron por igual. Francia, por ejemplo, fue el único país que no alcanzó este objetivo, quedándose en el 19,1%.
Con la mirada puesta en el futuro, y a pesar de que inicialmente la Unión Europea fijó como objetivo la reducción de emisiones del 40% para 2030, el año pasado esta meta se modificó para poder alcanzar el 55%, teniendo la neutralidad climática en el horizonte 2050. Este objetivo obliga a replantearse no solo el sistema energético, sino el financiero, hacia los sectores que aceleren la descarbonificación y a la vez, ofrezcan garantías y seguridad para todos los inversores que apuesten por la energía verde en Europa.
Pero, ¿qué se considera una inversión verde?
De esta cuestión nace la llamada taxonomía verde, donde se agrupan e incluyen todas aquellas actividades e iniciativas susceptibles de recibir inversiones, tanto públicas como privadas, que puedan ser consideradas sostenibles. Con esta taxonomía, la Unión Europea busca ofrecer una definición clara de lo que es y no es sostenible, así como reconducir las inversiones y evitar el llamado greenwashing o lavado de cara verde, en su traducción española. Es decir, que se anuncien como sostenibles productos financieros que en realidad no lo son. Para muchos sectores, como la banca, los gestores financieros y las aseguradoras, estar dentro de este etiquetado verde es clave para poder acceder a las ayudas e inversiones del Green Deal o pacto verde.
Esta taxonomía verde establece y fija distintas condiciones generales que una actividad económica debe cumplir para ser considerada ambientalmente sostenible. Además, establece seis objetivos medioambientales en las que debe encajar: la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y, finalmente, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Cabe destacar que, en la redacción del documento para definir esta taxonomía verde, entraron en juego los intereses nacionales de cada país miembro, teniendo en cuenta que cada uno tiene un sistema energético diferente y los avances hacia la transición ecológica van a distintas velocidades. A modo de ejemplo, Francia pidió que se incluyera en la taxonomía las inversiones en energía nuclear, mientras que Alemania y otros países del Este de Europa hicieron lo propio con el gas natural.
La taxonomía verde contribuye activamente en ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero y lograr el objetivo acordado para 2050
En este sentido, y a pesar de que la energía nuclear no emite dióxido de carbono (CO₂), muchos detractores argumentaron el problema de los residuos y la falta de soluciones viables a su gestión, además del riesgo que conllevan las instalaciones. Muchas otras voces se alzaron en contra de la decisión alemana, ya que el gas natural es un combustible fósil que emite CO₂ (aunque menos que el carbón o el petróleo). Entre las voces discordantes y más críticas con la inclusión del gas natural y energía nuclear fueron las de Austria, España o Dinamarca.
Sin embargo, otros estados miembros tildan estas dos fuentes energéticas como “energías de transición”, en el sentido de que juegan un papel importante hasta que las energías renovables cubran una vasta mayoría de la demanda eléctrica, indicando que este modo puede ofrecer una transición menos apresurada y más segura.
De todos modos, las energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, ya están ganando un cierto ritmo y rentabilidad porque, de forma lenta, pero segura, están ocupando un espacio en el campo de la electricidad.
Además, la aparición del hidrógeno también ha impactado no solo en la generación de energía eléctrica, sino en el reemplazo del petróleo dentro del ámbito del transporte urbano. A modo de ejemplo, el pasado mes de diciembre Barcelona recibió el primero de los ocho autobuses de hidrógeno fabricado por CaetanoBus, incorporado a la flota de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); al mismo tiempo que se puso en marcha en la ciudad condal la primera planta de hidrógeno verde de España. Esta nueva planta, situada en la Zona Franca, quiere convertirse en un referente que apueste por esta solución energética en una de las zonas industriales más importantes del país.
Así, aunque exista unanimidad en la necesidad de incorporar y tener una taxonomía verde para la sostenibilidad y la energía, el debate sobre qué debe incluirse en esta lista en referencia al gas natural y nuclear sigue en curso. Por ahora, la Comisión Europea ha cerrado el documento y el texto está en manos del Consejo y Parlamento Europeo, donde seguramente volverá a sufrir nuevas modificaciones.
Cabe entonces esperar si este sistema de clasificación en materia energética, la llamada taxonomía verde, contribuye activamente en ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero y lograr el objetivo acordado para 2050, ya sea apostando firmemente por las energías renovables o seguir dependiendo de las llamadas “energías de transición”.
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