El procés independentista catalán ha recorrido ya la mayor parte de su trayectoria —aunque no toda— en los tribunales españoles, y ahora la partida jurídica comienza a dirimirse en los tribunales europeos. Las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017, el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, y la fallida declaración de independencia del 27 de octubre de ese año tensaron enormemente la política española. Por primera vez en democracia, el Gobierno central recurrió a la intervención de la autonomía catalana por la vía del artículo 155 de la Constitución; y la maquinaria judicial, que se había puesto en marcha con su ritmo lento, pero imparable, se aceleró.
Los nueve líderes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo en 2019 a penas de entre nueve y 13 años de cárcel —por sedición y en algunos casos también malversación— fueron indultados por el Gobierno en junio de 2021, tras pasar entre 39 y 48 meses en prisión. Recurrieron su condena ante el Constitucional, que rechazó los recursos, y ahora han elevado la causa a instancias europeas. El expresident Carles Puigdemont y sus consejeros fugados a Bélgica permanecen prófugos y libran desde el principio su batalla legal en Europa.
La gran causa judicial del procés, el juicio en la Sala de lo Penal del Supremo, terminó en octubre de 2019 con una sentencia de más de 500 páginas que en sus líneas generales ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. El fallo del tribunal presidido por Manuel Marchena ha recibido, no obstante, reproches del tribunal de garantías, en forma de votos particulares, en especial por la dureza de las penas y por la decisión del Supremo de no paralizar el juicio tras haber consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras tras ser elegido este eurodiputado.
La lucha en Estrasburgo. Los dirigentes independentistas, tras los reveses internos de un poder judicial y un Constitucional al que han colmado de muestras de desprecio, confían en que los tribunales europeos avalarán finalmente sus tesis. Los votos particulares favorables cosechados en el Constitucional alimentarán los argumentos de sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La corte con sede en Estrasburgo (Francia) deberá resolver, en esencia, si los líderes secesionistas han tenido derecho a un juicio con todas las garantías, y, sobre todo, si la respuesta judicial fue de una dureza tan desproporcionada que lleve a los ciudadanos a desistir de sus derechos políticos, como el de reunión y el de manifestación.
Hasta el momento, el TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse en al menos tres causas derivadas del procés. Y lo ha hecho en contra de los intereses independentistas. En 2018 rechazó el recurso de una miembro de la llamada Sindicatura de Cuentas, el órgano llamado a ejercer las funciones de junta electoral en el referéndum ilegal del 1-O, contra la advertencia del Constitucional de que se enfrentaba a una multa. En 2019, Estrasburgo avaló como una “necesidad social imperiosa” la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017 en el que Puigdemont pretendía declarar la independencia. Y en julio el tribunal rechazó un recurso de la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal contra los embargos del Tribunal de Cuentas.
La inmunidad de Puigdemont y los fugados. Otro gran frente judicial europeo se libra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y tiene dos ejes. El primero tiene que ver con la lucha de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí por conservar la inmunidad como eurodiputados, que les fue retirada por el Parlamento Europeo. El segundo, quizá de mayor calado, se comenzó a estudiar el 6 de abril y se refiere a la cuestión prejudicial enviada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena sobre cómo deben interpretar las autoridades judiciales de Bélgica, de acuerdo con el derecho comunitario, las órdenes europeas de detención y entrega. Los jueces belgas se han negado hasta el momento a entregar a los líderes independentistas fugados.
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Los rescoldos judiciales en España. Los juzgados españoles aún tienen abiertas investigaciones derivadas del procés, principalmente por desobediencia y desórdenes públicos. Además, en abril de 2021, la Audiencia de Barcelona confirmó el procesamiento, por delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, de 29 empresarios y cargos del Govern acusados de participar en la organización y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral.
Una de las piezas más relevantes que quedan por investigarse es la operación Volhov, que inició un juez de Barcelona y que ahora se lleva en la Audiencia Nacional. En este caso, contra el criterio de la Fiscalía, se investiga la relación de algunos miembros del llamado Estado Mayor del procés, como el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí, el empresario de la comunicación Oriol Soler y Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont, con Tsunami Democràtic, el intento masivo de desobediencia civil contra la sentencia del procés en 2019. Todo ello, en cualquier caso, acabará probablemente engrosando la carpeta de asuntos relativos al independentismo catalán que acaban en la justicia europea.
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