Con el propósito de agilizar y flexibilizar las revisiones al transporte de carga en la frontera de Texas-México, los gobernadores de las entidades Greg Abbot y Maru Campos, respectivamente firmaron un convenio de colaboración que permita resolver los conatos de violencia y el congestionamiento vehicular en aquella región del país.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y Greg Abbott, gobernador de Texas, firmaron hoy un acuerdo para eliminar las inspecciones exhaustivas impuestas la semana pasada en los puertos fronterizos que conectan a los dos estados.
En conferencia de prensa, Abbott destacó que Chihuahua se ha comprometido a usar la plataforma Centinela, que cuenta con cerca de 10 mil cámaras de vigilancia, y que “permitirá que la Policía Estatal de Chihuahua vigile los vehículos desde que dejan los parques industriales en Juárez hasta que cruzan la frontera”.
Asimismo, señaló que Campos Galván había presentado “el mejor plan de seguridad fronteriza de cualquier gobernador de México”.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua dijo que “es una situación en la que ambos ganamos y protegemos nuestras fronteras, y nosotros protegemos la seguridad de nuestro estado como el gobernador Abbott está haciendo en este momento”.
También lo hacen con Nuevo León
El miércoles, Abbott ya había firmado un acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para suspender las inspecciones en el Puente Colombia, que conecta la ciudad texana de Laredo con el municipio mexicano de Anáhuac.
El republicano aprovechó para anunciar que hablará con los gobernadores mexicanos de Coahuila y Tamaulipas para llegar a acuerdos similares que ayuden a reforzar la seguridad de la frontera y evitar el ingreso ilegal de migrantes a Estados Unidos.
Abbott, que busca la reelección este año, impuso desde la semana pasada nuevas revisiones estatales al transporte de carga en aras de detener indocumentados, pero en el camino ha obstruido el 60 % del tráfico comercial binacional, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU.
El gobernador ha enfrentado críticas por los impactos económicos derivados de las demoras en los cruces fronterizos, que se estiman en 8 millones de dólares diarios y afectan principalmente a las industrias de ensamblaje, automotriz, de tecnología y perecederos, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.
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