La captura en octubre pasado de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue casi un espectáculo televisivo. “Este golpe es comparable con la caída de Pablo Escobar”, dijo el presidente Iván Duque ante las cámaras al anunciar el éxito del operativo contra el líder del Clan del Golfo. Estados Unidos pedía su extradición para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con narcotráfico. Tras la detención, el Gobierno prometió poner en marcha el trámite. Y cumplió pronto. Esta semana, Duque firmó el documento que le pone días a la permanencia de Otoniel en Colombia. Las víctimas rechazan la medida y piden que no sea extraditado antes de que diga la verdad sobre cientos de crímenes y de violaciones a derechos humanos cometidos en la guerrilla del EPL o en los grupos paramilitares de los que también hizo parte. Tras el anuncio de Duque, las víctimas protestan: “Esto es un golpe para nosotros”.
Las víctimas protestan, pero lo tienen que hacer usando máscaras, no pueden mostrar su identidad y si hablan con la prensa piden que sus nombres no sean revelados. Tienen miedo. El caso Otoniel, que ha sido mostrado como un triunfo del Gobierno, ha generado malestar entre las comunidades que padecieron su guerra. Una líder social de Apartadó, una zona bananera e históricamente golpeada por la violencia, dice por teléfono que se sienten en riesgo. “Todas las personas que estuvimos en Bogotá en un plantón esta semana tuvimos que taparnos la cara para que no se nos identifique, como si fuéramos nosotros los que hubiéramos hecho algo malo”, señala.
El proceso de Otoniel, que apenas empezó hace seis meses, ha tenido varios momentos preocupantes para las víctimas. El 28 de febrero, un grupo de hombres —sin identificar hasta ahora— irrumpió en la casa de un investigador de la Comisión de la Verdad, que ha acompañado el proceso y ha escuchado al líder del Clan del Golfo. Según la denuncia de la entidad, se robaron grabadoras, con registros de sus entrevistas, y un computador. La Comisión denunció hostigamientos: “Queremos saber la verdad sin intimidaciones. Solicitamos garantías a las autoridades competentes y a los organismos de control, a las Naciones Unidas y la comunidad internacional, su acompañamiento”, señaló la entidad en un comunicado.
La líder, que insiste en que no se publique su nombre ni el de la organización de derechos humanos que representa, recuerda que días antes del robo, una audiencia en la que se escucharía a Otoniel fue cancelada. La policía suspendió la cita ante la Comisión de la Verdad por “sospecha de fuga”. Las víctimas dicen que se trata de un sabotaje. “Interrumpieron cuando él iba a hablar, se robaron la información de la casa del investigador y hay afán por extraditarlo. ¿Por qué no quieren que sepamos la verdad?, ¿quiénes daban las órdenes?”, dice la mujer, que si insiste tanto en que la situación de las víctimas es “delicada” es porque ha visto cómo compañeros suyos han sido asesinados por reclamar sus tierras. “Las amenazas llegan por panfleto, por teléfono, nos amenazan a nosotros, a nuestros hijos. Cuando se firmó el proceso de paz con FARC tuve que irme”, dice la defensora de derechos humanos que tuvo que permanecer en el exilio durante varios meses.
Duque, tras firmar la orden para que el poderoso líder del Clan del Golfo, recluido en una cárcel de Bogotá, comparezca ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, intentó calmar a las víctimas. “Una vez cumpla su pena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido en nuestro país”, sostuvo el mandatario. Pero las víctimas creen que se les va a escapar una oportunidad para saber la verdad sobre los asesinatos de sus familiares, los desplazamientos forzados y las violaciones a mujeres y niñas, entre otros muchos crímenes que se le acusan. “Nosotros creemos que allá se va a quedar la historia. En Estados Unidos solo lo juzgarán por narcotráfico, y qué va a pasar con todos los otros casos, con los asesinatos o con los jóvenes reclutados”, cuestiona la líder.
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Otros otonieles
La Justicia colombiana acusa a Dario Antonio Úsuga por homicidio, terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro y delitos sexuales, crímenes que habría cometido durante su larga carrera criminal. Fue guerrillero y paramilitar antes de convertirse en jefe del Clan del Golfo, responsable del tráfico de cerca de un tercio de la cocaína colombiana que sale del país. El golpe del Gobierno, tras meses de persecución por la selva, fue anunciado casi como el principio del fin del narcotráfico en Colombia. La realidad es que esta guerra ya no depende de un único líder. Ya hay otros otonieles, y la comunidad que sufre la violencia del narco no encuentra justicia. “Acá no hay paz. Otoniel ya no está liderando esta guerra, pero ya hay otros”, denuncia la mujer desde Apartadó. El capo del narcotráfico dirigía una estructura de más de 3.000 hombres y, según el Gobierno, es responsable de mover más de 160 toneladas de cocaína por año. La megaoperación policial para atrapar a Otoniel en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá, pretendía reducir la violencia, pero hasta ahora la población no ha visto la primera señal, y, por el contrario, denuncian que la situación se ha puesto peor.
La Mesa de Víctimas en Antioquia ha sido una de las organizaciones que valientemente han denunciado de forma directa que el envío de Otoniel a Estados Unidos solo busca ocultar la verdad. “No estamos de acuerdo con la extradición de la verdad y la verdad la tiene él. Nosotros lo expresamos, porque la ley lo dice y es un derecho que tenemos las víctimas”, se pronunció el colectivo de víctimas. La directora de la unidad de búsqueda de desaparecidos, Luz Marina Monzón, también se manifestó en contra de la decisión: “La extradición pone obstáculos adicionales a los que ya han enfrentado las víctimas durante décadas, que han perseguido esa verdad, la información sobre cuál fue la suerte y cuál es el paradero de sus seres queridos”.
Otoniel ha buscado ser escuchado por la justicia en Colombia, pero sus peticiones han sido negadas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz, rechazó su solicitud de sometimiento. Dario Antonio Úsuga, contra quien hay 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias en Colombia, había pedido ser juzgado por este tribunal especial, que puede llegar a otorgar penas no privativas de la libertad, y no ser extraditado a Estados Unidos. Otoniel ha dicho que quiere contar la verdad y las víctimas piden que lo dejen hablar. “Desde hoy muchos poderosos que ordenaron, planificaron y se beneficiaron de Otoniel, dormirán tranquilos”, criticaba la Comisión de la Verdad, después de que Iván Duque firmó la extradición.
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