El exministro de Sanidad Bernat Soria ha comparecido este jueves como investigado por alzamiento de bienes en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y ha alegado ante la magistrada María Núñez que donar los bienes a los hijos tras jubilarse es una tradición arraigada en su pueblo Carlet (Valencia). Soria ha dado ese argumento para rechazar la imputación por desprenderse de sus bienes y así evitar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic, condenada a dicho pago por sentencia hace un año.
Soria, de 71 años y ministro entre 2007 y 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha aducido que la transmisión de bienes a sus dos hijas sigue una tradición en su pueblo valenciano cuando una persona se jubila, y que cuando la efectuó en 2019 era solvente. “Soria ha insistido en que la deuda no existe porque dice que la compró su empresa”, han explicado fuentes jurídicas presentes en la declaración. El alegato del exministro contradice el fallo del Juzgado de Primera Instancia 27 de Sevilla que le condenó el pasado 31 de mayo.
La juez Núñez ha preguntado a Soria por qué hizo la donación y cuando le recordó la existencia de la condena para pagar la deuda de 400.000 euros, el exministro alegó que está recurrida ante la Audiencia de Sevilla y no es firme. Las dos hijas de Soria, también imputadas como receptoras de los tres inmuebles donados y que han declarado por videoconferencia desde Ginebra y Madrid, han alegado que desconocían que su padre tenía deudas y han repetido el argumento de que la transmisión de bienes es una tradición de su pueblo.
Soria, que ha rechazado opinar ante los periodistas, ha insistido en el juzgado que aún es solvente porque mantiene dos pleitos en curso contra la Junta (PP y Ciudadanos), uno por su despido como investigador en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) en 2019 y otro por sus patentes.
Tras su etapa como ministro, la Junta andaluza le contrató como investigador en terapia celular con el sueldo más alto entre sus trabajadores, de 180.000 euros (más del doble de los 69.243 que percibe el presidente andaluz), hasta que hace tres años el Ejecutivo del PP y Ciudadanos le despidió tres meses después de acceder al poder por incumplir su cláusula de exclusividad. Soria recurrió su despido procedente pero el Juzgado Social 3 de Sevilla rechazó sus demandas para recibir 2,7 millones de indemnización el pasado septiembre en una sentencia.
La querella por alzamiento de bienes la interpuso la empresa Vegetal Green contra Soria por un préstamo concedido por otra sociedad a su firma Nebiotechnic, declarada en concurso de acreedores en 2017. La querella, dirigida contra Soria y sus hijas Bárbara y Aitana, les acusa de intentar evitar la deuda pese a contar con un patrimonio de tres casas valoradas en varios millones de euros: “Con el único ánimo de ilícitamente proteger o enriquecer el patrimonio familiar, eludiendo, entorpeciendo y dificultando, y frustrando la satisfacción del crédito”.
La reclamación presentada el pasado enero por la empresa Vegetal Green, dirigida por el abogado Sergio Samblás, añadía: “Soria, con la colaboración de sus hijas, quedó totalmente insolvente sin poseer actualmente patrimonio alguno, por lo que frustra cualquier tipo de ejecución por parte de mi representado, así como de otros acreedores”.
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