El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez los gastos de la Casa del Rey

La Casa del Rey dejará de ser un organismo imposible de fiscalizar para las principales instituciones de control del Estado, en especial el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey con la intención de “reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI”, según la explicación de La Moncloa.

Entre las novedades más importantes, según ha avanzado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, está la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas, cuya composición ha sido recientemente renovada, pueda controlar en qué se gasta el Presupuesto de la Casa del Rey. Es el siguiente paso relevante después que ayer el Rey diera a conocer su patrimonio. Además, “los altos cargos de la Casa del Rey deberán publicar anualmente su declaración de bienes, tanto en el nombramiento como en el cese, como ocurre con los demás altos cargos de la Administración”, ha señalado Bolaños. Además, habrá una nueva regulación de toda la contratación de la Casa del Rey. “Se mantendrá el principio de publicidad en todas las contrataciones, respetando todos los principios de la contratación pública. Se publicará en la web el procedimiento de contratación”, ha insistido el ministro. “La monarquía española se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas”, ha resumido.

Hasta ahora, la Zarzuela se limitaba a rendir cuentas de manera global, ya que, según lo establecido en el artículo 65 de la Constitución, el Rey tiene libertad para “organizar su Casa, así como para gestionar y aplicar la asignación económica que recibe anualmente”. Ni el Congreso ni el Tribunal de Cuentas pueden, por tanto, fiscalizarlo. De hecho, cada vez que Unidas Podemos y otros grupos reclaman una investigación sobre algo relacionado con la Casa del Rey, los letrados de las Cortes lo tumban con el argumento de que la Constitución impide esa fiscalización. Este artículo se puede sortear si es la propia Casa del Rey la que voluntariamente se somete a esa fiscalización. De hecho, desde septiembre de 2007, un técnico del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Administración Civil del Estado se encarga de la administración del dinero de la Zarzuela, pero es algo que decidió voluntariamente la Casa del Rey. Ahora se hará a través de un convenio con el Tribunal de Cuentas, que se convertirá en un auditor externo de la Casa del Rey.

Esta reforma ha sido trabajada durante años entre La Moncloa, en especial por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y la Zarzuela. En diciembre de 2020, Pedro Sánchez dio a entender que era una cuestión inminente. “El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”, sentenció. Pero después esa afirmación, que llevó a pensar que habría una ley de la Corona muchas veces reclamada, quedó poco a poco aguada a la espera de que la Casa del Rey diera una respuesta. Una vez que la Fiscalía ha decidido cerrar el proceso contra el rey Juan Carlos, La Moncloa y la Zarzuela han recuperado los trabajos que ya estaban muy avanzados y se ha aprobado el decreto.

Cuando Felipe VI asumió el trono, en 2014, adoptó una serie de medidas para distanciarse de los escándalos de la última etapa del reinado de su padre: aprobó una normativa sobre regalos que pueden aceptar los miembros de la Familia Real e impuso un código de conducta para el personal que trabaja en la Jefatura del Estado. También publicó información detallada sobre el presupuesto de la Zarzuela, incluidos los sueldos de la Familia Real y sus altos cargos. El paso que se da ahora, sin embargo, va mucho más allá, y sitúa a Casa del Rey a la altura de los demás organismos del Estado que manejan dinero público, con la intención de mejorar la imagen de la monarquía, que ha sufrido una sucesión de escándalos en los últimos años.