El Gobierno de Gabriel Boric, que ha tenido problemas en definir una línea irrestricta respecto de la seguridad pública en diferentes frentes, ha decidido este martes dar una señal de autoridad. Luego de que camioneros cortaran rutas en distintas zonas de Chile en protesta por la inseguridad y el alza del combustible –desde Iquique, en el norte, hasta Puerto Montt, en el sur–, La Moneda informó de un ultimátum: a las 16.00 (hora local) de este martes debían estar despejados los caminos, porque su bloqueo ha derivado en kilométricos atascos en las carreteras y en la interrupción de la libre circulación. La amenaza, sin embargo, provocó solo repliegues parciales, por lo que el Ministerio del Interior informó que aplicará la Ley de Seguridad del Estado para perseguir las responsabilidades y que dio la orden a Carabineros para que despeje las rutas que todavía se encuentran cortadas.
Se trata del segundo día de cortes parciales de rutas en ocho puntos del país, luego de una convocatoria a una paralización nacional de los transportistas. La ministra del Interior, Izkia Siches, hizo un llamamiento al diálogo a los camioneros. Fue una intervención desde La Moneda donde la ministra fue consultada por un hecho grave en materia de orden público sucedido este lunes en un municipio cercano a Santiago, Talagante, donde fue saqueado un supermercado y 70 personas fueron detenidas por los hechos. La responsable del orden y seguridad del Gobierno, sin embargo, contestó que no tenía información, lo que derivó en una ola de críticas. No ha sido la única intervención compleja de la ministra en sus casi siete semanas en el cargo. En una exposición ante el Congreso, realizó una denuncia falsa sobre una fallida repatriación de extranjeros en el Gobierno de Sebastián Piñera.
La Ley de Seguridad del Estado posibilita mayores penas para ataques a la seguridad del Estado, tanto internas como externas, como para delitos que atentan al orden público. Una de las primeras medidas del Gobierno de Boric cuando asumió el 11 de marzo fue retirar las querellas que había presentado la Administración de Piñera contra 139 personas, en el marco de las revueltas de octubre de 2019 y meses posteriores. En la Araucanía, en tanto, una zona del país donde el conflicto entre los mapuche y el Estado solo aumenta desde fines de los noventa, el actual Gobierno apostó por no querellarse cuando la ministra Siches fue víctima de un atentado, en sus primeras horas en el cargo. La Administración ha apostado por desmilitarizar y por el diálogo, pero la estrategia todavía no ha dado frutos, en un conflicto por las tierras que se ha complejizado por la aparición de delitos como el narcotráfico o el robo de maderas. El viernes, en la localidad de Ercilla, un camionero de 35 años fue atacado con armas de guerra y permanece ingresado grave con riesgo de muerte.
La señal de autoridad del Gobierno de Boric, al que un hombre lanzó una piedra la semana pasada en su gira por el norte del país, se produce justamente cuando el presidente tiene una caída importante en su aprobación, de acuerdo con diferentes sondeos. Su popularidad cayó de 50% a 36% en menos de dos meses, según la encuestadora Cadem, que lo mide semana a semana. Entre otros factores, lo ha afectado el descontrol del orden público que se observa tanto en Santiago, la Araucanía, como en el norte, donde se enfrenta el segundo problema de gran magnitud de Chile: la crisis migratoria. En febrero, de hecho, un camionero de 25 años fue asesinado en Antofagasta, al ser lanzado de una altura de casi 10 metros por tres hombres.
Tras su muerte a manos de tres inmigrantes venezolanos que habían ingresado irregularmente al país y fueron formalizados por homicidio calificado nació una de las agrupaciones de camioneros de perfil más duro, la de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones de Chile. Este martes por la noche, tras el anuncio del Gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado, este grupo anunció que mantendrán sus acciones, pese al anuncio de La Moneda.
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