El 25 de septiembre de 2015, en la sesión inaugural de la Cumbre de las Naciones Unidas, en la que sus 193 Estados acordaron la Agenda 2030. Salil Shetty, siendo todavía secretario general de Amnistía Internacional, dejó claro qué es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible: “No se puede pretender que se está apoyando el desarrollo sostenible cuando se es reacio a reducir el consumo de los ricos o a transferir tecnología. No se puede predicar sobre los derechos humanos al mismo tiempo que se usa la vigilancia masiva. No se puede sermonear sobre la paz cuando se es el mayor fabricante de armas del mundo. No se puede permitir que las grandes empresas se aprovechen de las lagunas financieras y fiscales al mismo tiempo que claman contra la corrupción. No se pueden adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al mismo tiempo atacar y detener a manifestantes y disidentes pacíficos. No se pueden lanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y paralelamente negar una ruta segura y legal a las personas refugiadas”.
Futuro en Común vio en esta agenda, que nació con la ambición de abordar las históricas incoherencias en la planificación del desarrollo, una oportunidad única para pasar del discurso a la práctica política como requisito indispensable para transformar nuestro mundo hacia la sostenibilidad. La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible se convertía así en piedra clave para este empeño. Una llamada a empujar paralela y coherentemente, con esfuerzos alineados desde todos los rincones del mundo, por un mismo propósito: acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades, las guerras, la represión a la sociedad civil y las violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que respetamos los límites del planeta y aumentamos nuestra resiliencia.
Y nos pusimos manos a la obra. Elaboramos una propuesta para reclamar al Gobierno que adoptara la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. E incidimos junto a otros actores sociales para que fuera asumido como compromiso político por parte del ejecutivo. Creíamos firmemente que era un compromiso ineludible e inaplazable. Por desgracia, ha cobrado más relevancia todavía en este contexto de crisis en el que se están definiendo respuestas de choque ante las consecuencias de la guerra. Un momento en el que, además, se aprueban planes de resiliencia y grandes inversiones, siendo imprescindible garantizar que ninguna de ellas se desvía de la senda de sostenibilidad y bienestar que marca la Agenda 2030.
Somos conscientes de que los retos a los que nos enfrentamos en esta cuestión son enormes. Cada vez es más urgente transformar de manera profunda y radical la manera de hacer política, rompiendo los silos, e incorporando en la definición y evaluación de las políticas públicas el análisis de las conexiones e interacciones entre las dimensiones de la vida, los distintos territorios y las sucesivas generaciones.
De lo anterior hemos hablado este pasado 25 de abril en el Congreso de los Diputados, en la jornada La Coherencia de Políticas en el corazón de la sostenibilidad y de la respuesta a las crisis. Contamos con la participación del Gobierno, diputadas, senadores y representantes de la OCDE, de varias administraciones autonómicas y de la sociedad civil. No es uno de los temas más atractivos de la agenda política, lo sabemos, pero sí uno que debiera enhebrar cuestiones diversas que configuraran la evolución ecosocial del mañana.
La subvención indiscriminada de combustibles fósiles es incoherente con los compromisos con el desarrollo sostenible y el cambio climático
Nuestro primer mensaje fue claro: nos preocupa enormemente la posibilidad de que la agenda para la implantación de la coherencia de políticas quede desplazada en estos momentos de salida de la Covid-19, de la guerra en Ucrania y de la inminente entrada en contexto preelectoral. ¿Qué resultado tendríamos si pusiéramos la lupa de coherencia sobre el uso de los fondos Next Generation? ¿Y si la aplicáramos a las medidas de respuesta a la crisis derivada tanto de la pandemia como del conflicto bélico? Estamos seguras de que saltarían algunas alarmas.
La subvención indiscriminada de combustibles fósiles es incoherente con los compromisos con el desarrollo sostenible y el cambio climático (ODS 13), con defender la paz (ODS 16). Pero claro, ser al mismo tiempo uno de los mayores países exportadores de armas del mundo también lo es. Plantearse rebajas fiscales en un momento en el que el Estado necesita un volumen extraordinario de recursos para hacer frente a las diversas crisis y apoyar a las personas más vulnerables (ODS 1 y 10) también es incoherente. Como lo es la rebaja en los estándares de calidad para la importación de alimentos u otras medidas que se están tomando en materia agrícola y ganadera en lo que respecta a los ODS 2, 12 y 15. No podemos seguir haciéndonos trampas al solitario.
Es apremiante que el Gobierno haga ya una apuesta política decidida al más alto nivel. Es inaplazable el despliegue de un sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible con una hoja de ruta clara en el corto, medio y largo plazo hasta 2030. Necesitamos concretar cómo se van a superar los no pocos obstáculos que se van a presentar en el camino: administrativos y burocráticos, pero, sobre todo, para superar visiones sectoriales. Sin olvidarnos de las trabas inherentes a la acción política, ya que tocará gestionar los conflictos habituales entre actores, sectores, territorios y grupos de presión.
La subvención indiscriminada de combustibles fósiles es incoherente con los compromisos con el desarrollo sostenible y el cambio climático
Como punto de partida sugerimos la creación de una unidad específica centrada en esta materia que cuente con recursos económicos y personales suficientes para coordinar e impulsar las distintas instancias de la Administración implicadas, como la división Do Not Significant Harm del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o la propuesta que se está contemplando de crear una Agencia para la Evaluación de Políticas Públicas.
En el acto que organizamos para empujar el sistema, el Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció la creación de una división ad hoc. Además de las funciones anteriores, esta deberá acometer el necesario desarrollo metodológico, la promoción de capacidades y la definición de indicadores de seguimiento centrados en la evolución de las interacciones. También hacer propuestas para la adecuación del sistema de gobernanza de la Agenda 2030, de forma que sus órganos puedan asumir las funciones que requieren la participación interterritorial, intersectorial y multiactor del sistema.
Casi siete años después de la aprobación de la Agenda 2030, pocos avances se han dado en la coherencia global y no se han conseguido concretar sistemas nacionales para su promoción y seguimiento integral como el que estamos proponiendo basándonos en las recomendaciones de la OCDE para sus Estados miembro. Nuestro país puede ponerse a la vanguardia internacional cumpliendo con este compromiso, pero tiene que hacerlo ya, nos jugamos mucho en ello, ya no es solo el futuro sino también el presente.
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