El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, buscan una respuesta común ante la crisis migratoria que ha elevado la presión en la frontera. Los dos mandatarios han conversado por teléfono este viernes para tratar de definir una posición común con vistas a la novena Cumbre de las Américas que se celebra en junio en Los Ángeles. El telón de fondo de la charla, solicitada por la Casa Blanca, abarca también los desafíos de seguridad, justo cuando México enfrenta una nueva guerra entre carteles de narcotraficantes, y la política energética. Biden, a diferencia de su antecesor Donald Trump, ha aparcado la táctica de la imposición y trata de abordar la agenda binacional a través de la negociación. Hoy su propósito era el de “discutir las iniciativas prioritarias de América del Norte para la región”.
La conversación ha sido “cordial”, según han destacado los equipos de los presidentes. “Tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario [de Relaciones Exteriores] Marcelo Ebrard visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Cumbre de las Américas”, ha indicado López Obrador. “La mayor parte de la conversación fue sobre migración y el trabajo de coordinación, la coordinación económica y tomar medidas para reducir la migración a lo largo de la frontera”, ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La llamada, que ha durado 52 minutos, se ha producido en un contexto preciso. En primer lugar, el debate en torno al llamado Título 42, una directriz aplicada por Trump en plena pandemia que permite la devolución en caliente de inmigrantes en la frontera con México bajo pretextos de seguridad sanitaria. La Administración demócrata planeaba inicialmente retirarla a finales de mayo. Ese escenario, sin embargo, desencadenó un pulso con los gobernadores republicanos y se ha convertido en uno de los temas centrales de la precampaña de las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Al final, Biden se mostró el jueves a favor de mantener la normativa si así lo decide la justicia. Un primer fallo de una corte federal de Luisiana frenó durante dos semanas el intento del Gobierno de levantar la medida. Una nueva audiencia está prevista para el 13 de mayo.
En segundo lugar, López Obrador visitará la próxima semana el triángulo norte de Centroamérica, con paradas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice antes de desviarse y volar a Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel. El viaje es muy relevante no solo para los intereses de México, sino también para Washington, ya que la situación de la frontera sur siempre anticipa las tensiones en los más de 3.000 kilómetros que lindan con Texas, Nuevo México, Arizona y California. Los dos países ya participan en programas de cooperación conjuntos en la región con el objetivo de paliar el fenómeno, aunque tienen diferencia sobre el método de inversión directa en los territorios de origen de los migrantes.
En 2021, se batieron todos los récords de cruces ilegales a Estados Unidos de las últimas décadas y los últimos datos oficiales de este año indican que alrededor de 7.000 personas son detenidas cada día por la Patrulla Fronteriza. Con estas premisas y unas elecciones en las que los republicanos amenazan con arrebatarle el Congreso a los demócratas, Biden afronta la presión no solo de sus adversarios políticos sino también de algunos sectores de su propio partido. Tras los excesos de Trump, su Administración aún busca definir un marco regulatorio en materia de migración y para ello necesita al país vecino.
Sobre el papel, la relación fluida entre Biden y López Obrador y sus equipos debería facilitar un acuerdo. Pero no es tan sencillo. Las dos administraciones están integradas por coaliciones amplias con distintas agendas. Los peores momentos en la relación fronteriza reciente se vivieron en Semana Santa, cuando el gobernador texano Greg Abbott, un admirador de Trump, aplicó al pie de la letra el Título 42 y puso en marcha unos controles adicionales que desataron el caos en cuatro puentes internacionales. Las tensiones, además, van más allá de la migración. En los últimos meses han quedado claro los desencuentros en materia energética al hilo del debate sobre una reforma eléctrica con la que el Ejecutivo mexicano busca devolver a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, el control mayoritario del mercado. Y también el futuro de la lucha contra el narcotráfico despierta preocupación en Washington después de que López Obrador anunciara la disolución de un grupo de agentes de élite que trabajó durante más de 25 años con la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Es decir, una cosa es la cortesía diplomática y otra la rutina de la política.
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