“El joven que apareció en el Dollarcity con varias partes del cuerpo quemadas es mi hermano. Él tiene 16 años…Tenía”. María Paula Sánchez habla de Daniel, el menor de la casa, el chico que empezó a trabajar a los 13 años porque en Colombia estudiar es un privilegio y algunos tienen que asumir vida de adultos siendo niños. Daniel Sánchez salía del taller de soldadura donde trabajaba desde hacía tres años y en el camino se encontró con una protesta. Eran casi las seis de la tarde, empezaba a oscurecer. Había pasado un mes desde el inicio de las protestas contra del Gobierno de Iván Duque y Siloé, en Cali, ya se había convertido en el epicentro de una batalla, entre armas contra piedras. La policía antimotines contra los jóvenes que se manifestaban. Daniel pasaba por ahí, iba a su casa, donde lo esperaba su mamá y sus dos hermanas, pero no llegó. Apareció al día siguiente muerto y quemado dentro de Dollarcity, un almacén popular por sus precios no tan caros.
El documentalista Alejandro Palencia (Cali, 28 años) reconstruye la historia que empezó el 28 de mayo de 2021, cuando Daniel Sánchez fue llevado por la policía, en dos cortometrajes que siguen la historia de su familia, que un año después espera la verdad sobre lo que pasó esa noche, una de tantas en las que las redes sociales se llenaron de transmisiones en directo de la represión policial contra los manifestantes, la mayoría jóvenes inconformes con un país que no les da oportunidades. Daniel tenía razones para ser uno de ellos, pero no salía a las calles porque tenía que trabajar y porque en la semanas que ya habían transcurrido desde el comienzo del estallido, las imágenes de jóvenes heridos ya advertían del alcance de la violencia policial.
Los documentales [Justicia para Daniel y Toda la verdad], uno grabado a un mes de los hechos y el otro estrenado este abril, narran con la voz de las hermanas de Daniel lo que la familia ha tenido que vivir en medio de la investigación por su muerte, que según la primera versión de la Fiscalía ocurrió porque el joven intentó robar en la tienda donde fue encontrado su cuerpo, pero que con pruebas —vídeos y fotos— permitieron que después de varios meses y recursos judiciales se cambiara el concepto y se empezara a indagar como un caso de homicidio. Existen evidencias que demostrarían que antes de morir fue torturado, su cuerpo presentaba golpes, fracturas y dos impactos de bala.
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Alejandro Palencia conoció el caso porque como documentalista independiente seguía las marchas con su cámara. Había estado varias veces en Siloé y sobre el caso de Daniel Sánchez, entre tantos otros casos de abuso policial, no se había hablado tanto. “Solo había registros del lugar [la tienda Dollarcity] dese afuera, ningún medio había entrado, solo se había dicho que en las protestas lo habían incendiado”, cuenta por teléfono desde Cali. Al entrar al lugar —dice— parecía un campo de guerra. Todo estaba quemado, había gente buscando a familiares desaparecidos entre los escombros, todavía se veía sangre en el piso. “Parecía que hubiera caído una bomba allí adentro y ya habían pasado dos días desde el incendio”, cuenta. La familia había logrado ubicar a Daniel porque civiles que entraron al sitio encontraron su cuerpo, con varias partes quemadas, con trozos de la ropa que llevaba ese día pegados a su piel. Las imágenes que probarían que se trató de un asesinato y que hubo tortura no han sido públicas porque hacen parte del proceso judicial, pero han sido suficientes para que el caso no se haya archivado y sobre todo, para que se haya dejado de hablar de Daniel Sánchez como si hubiera sido un “vándalo”, que en un intento de robo terminó muerto por inhalación de humo, como dijo en un principio la Fiscalía.
“Fue un falso positivo. Fue un intento de hacer pasar a un chico como un criminal. El Estado ha querido convertir a la primera línea, a cualquier joven que esté en la calle, y coincida con una protesta, en un criminal”, dice Palencia, que hace activismo por los derechos humanos con su trabajo y que en este caso ha sido el único que ha seguido juiciosamente el proceso, en la justicia, y acompañando a una familia que perdió al menor de la casa y que ha tenido que cambiar de vivienda porque después de las denuncias contra las fuerzas policiales ha sido amenazada. “En el primer lugar a donde fui a entrevistarlos ya no están. Se han tenido que ir de allí y luego del otro lugar al que llegaron. Motos con civiles los rondan, hay allanamientos en la vecindad sin justificación, han tenido que enfrentar una muerte y luego la persecución por buscar justicia”, dice Palencia, que con su trabajo no pretende nada diferente a no dejar que se olvide la historia de Daniel. “Cuando me acerqué al caso me encontré con mujeres que habían vuelto el dolor de una muerte en el motor de una lucha”, dice.
Las hermanas de Daniel buscan limpiar su nombre y eso les ha costado las amenazas que los obligaron a dejar su casa y la baja en el Ejército de su otro hermano, que prestaba el servicio militar pero tuvo que dejarlo porque, cuentan en el documental, le exigieron salir de allí bajo el argumento de que mientras existiera una demanda contra el Estado en nombre de su familia no podía seguir llevando un uniforme militar. “Nos destrozaron la vida. Solo quiero justicia, que digan la verdad”, dice María Paula, que aparece en el documental con una camiseta blanca y la foto de su hermano estampada en el pecho, ahí donde todavía está atrapado el dolor porque el niño de la familia ya no está.
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