El martes por la tarde, cuando faltaban 48 horas para la votación del decreto anticrisis y todo estaba en el aire, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, telefoneó al nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, para negociar su posible apoyo al paquete de ayudas. “Juan, ¿vais en serio con esto?”, le preguntó. “Por supuesto. ¿Y vosotros?”.
Montero y Bravo se conocían por la relación del Gobierno con las comunidades autónomas, porque él es consejero de Hacienda en Andalucía. La conversación entre ambos discurrió en buen tono, durante algo más de media hora, a pesar de sus discrepancias, sobre todo en la política fiscal. Bravo trató de convencer a Montero de la bajada de impuestos que propone el PP, que detraería hasta 10.000 millones de euros de las arcas públicas, utilizando el “excedente” en la recaudación que provoca la inflación, y que los conservadores estiman en 7.500 milones solo en los dos primeros meses del año. “¡Esa cifra no se puede saber!”, le discutió Montero. La ministra de Hacienda replicó al dirigente del PP que no había tiempo de estudiar el impacto económico y presupuestario de una medida de tanto calado antes de la votación del decreto del jueves. Le pidió que se abstuvieran con el compromiso de tramitar el decreto como proyecto de ley. Bravo no sabía en ese momento qué votaría su partido en caso de no conseguir la rebaja fiscal. Feijóo, que guarda con escrupuloso celo incluso a los suyos sus decisiones, solo le encomendó que negociara.
Cruce de misivas
El siguiente movimiento del PP consistió en el envío de una carta a la ministra de Hacienda firmada por Bravo que se publicitó casi al tiempo a la prensa, en la que los populares insistían en exigir la “actualización de la tarifa del IRPF para las familias con rentas medias y bajas” y la reducción del IVA al gas y la electricidad al 5%. Era miércoles por la tarde, y Montero, muy molesta porque el PP difundiera una carta en teoría discreta para negociar, respondió con otra misiva pública en la que replicaba que las propuestas de los populares requerían “de un análisis profundo”. La negociación entró en barrena, y se abrió paso la guerra del relato.
La última llamada se produjo el miércoles al final de la tarde, a menos de 12 horas de la votación del decreto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y le preguntó cuál sería el sentido de su voto. Ella ya sabía entonces que el Gobierno había priorizado a otros grupos para sacarlo adelante, porque otros portavoces le habían contado que estaban negociando, mientras que con el PP las conversaciones estaban estancadas. Según fuentes gubernamentales, Gamarra transmitió a Bolaños que se irían al no. Según el PP, la número dos de los populares le dijo que aún había tiempo si accedían a alguna de sus peticiones.
El Gobierno se movió esa noche in extremis aceptando una de las exigencias del PP, tramitar el decreto como proyecto de ley, que los populares le habían pedido en los contactos discretos de esos días. Pero para el PP fue insuficiente, y Feijóo decidió votar no, igual que seguramente habría hecho Pablo Casado, e igual que hizo Vox (y ERC).
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“No podíamos más que irnos al no el mismo día que el Gobierno saca el decreto con Bildu y los mete en la comisión de secretos”, argumentan en la cúpula del PP. A posteriori, visto que el partido abertzale salvó la votación ―algo que no se supo hasta la misma mañana de la votación, el jueves―, el PP se justifica en que el apoyo de Bildu era incompatible con el suyo. En el núcleo duro de Feijóo rechazan que la oportunidad perdida de desmarcarse del no a todo pueda pasarles factura, y se quejan de que el Gobierno tampoco quiso acordar con el PP. “No necesitamos distanciarnos de nadie, pero habría bastado con un cambio de actitud del Gobierno con nosotros para que hubiéramos llegado a un acuerdo. Siguen comportándose como si fuéramos Pablo Casado y Teodoro García Egea”, apunta un dirigente popular implicado en las conversaciones con el Ejecutivo.
Feijóo ordenó oponerse a un decreto con 6.000 millones de euros en ayudas, que si hubiera decaído habría provocado que la gasolina pasara automáticamente a costar 20 céntimos más. El líder del PP aguantó la presión y mantuvo la negativa, a pesar de que muchos de los suyos esperaban una abstención. El resultado del primer intento de negociación con el Gobierno del nuevo PP es el mismo fracaso que con el antiguo PP.
A pesar del acuerdo fallido, en el núcleo duro de Feijóo sostienen que hay mimbres para futuros pactos. “Aquí hemos asistido a un ensayo y error que ha salido mal, pero ha empezado a salir”, argumentan fuentes cercanas al líder popular. La interlocución se mantiene abierta y ya se han producido los primeros contactos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que Casado no quiso desbloquear en más de tres años y medio de mandato caducado. En el PP de Feijóo aseguran que esta vez será diferente. “Vamos a hacerlo bien”, insisten. El interlocutor popular, Esteban González Pons, se fía de Félix Bolaños, con quien ya ha empezado a hablar sobre el consejo. El Gobierno quiere seguir hablando con el PP de economía, porque vendrán nuevos decretos. Las siguientes semanas serán decisivas para constatar hasta dónde llega el deshielo entre Feijóo y Sánchez.
De momento, a la espera de las nuevas conversaciones, lo único que ha cambiado es una cierta rebaja de decibelios. Tras su negociación fallida, la ministra de Hacienda y el vicesecretario de Economía del PP se encontraron el jueves en los pasillos del Congreso y, ante un reducido grupo de periodistas, bromearon sobre su buen clima. “Yo siempre digo que cuando vuelva a mi plaza de inspector de Hacienda me vas a enviar a Chafarinas”, le dijo Bravo, “¿a que no?”. Montero sonrió: “¡Pero si yo me llevaba bien con Cristóbal Montoro! Lo cortés no quita lo valiente”.
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