Nadie lo vio venir. Con dos Presupuestos aprobados y el riesgo de que un adelanto electoral llevara a un Gobierno de PP-Vox, el más temido por una amplia mayoría del Congreso, Pedro Sánchez había conseguido convencer a casi todos de que esta vez sí agotaría la legislatura en diciembre de 2023, con la presidencia española de la UE acabada. La guerra en Ucrania empezó a debilitar algunas certezas, pero el caso Pegasus, el presunto espionaje de más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos, ha supuesto un torpedo a le legislatura que casi ninguno de los consultados ve definitivo, pero sí muy grave.
El Gobierno, que movió de nuevo todos sus contactos para lograr salvar una votación en teoría muy sencilla —porque suponía 6.000 millones en ayudas y no tenía ningún componente negativo— ha demostrado que puede sobrevivir incluso sin ERC —ya lo hizo en las prórrogas del estado de alarma y en la reforma laboral, cuando los republicanos se bajaron de la mayoría— pero no quiere forzar más la máquina. La Moncloa trabaja a tope para recuperar cuanto antes a ERC, y sabe que para eso necesita dar una explicación “convincente” del caso Pegasus.
Esta semana será decisiva. Y en ella hay dos hitos que pueden romper todos los puentes o restaurarlos y empezar a coser alguna herida. El miércoles, Margarita Robles comparecerá en la Comisión de Defensa. En La Moncloa están muy preocupados con el tono que ella pueda usar ahí. El que empleó en la sesión de control, que fue in crescendo y acabó en un choque frontal con los independentistas, rompió la estrategia de Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de tratar de calmar las aguas con ERC. Los republicanos, que ya a esas horas dudaban entre el no y la abstención con mucha presión en Cataluña, lo dijeron claro al Gobierno: tras la sesión de control es un no seguro.
El CNI ante la comisión de secretos oficiales
Está por ver qué pasará el miércoles, pero la cita más relevante en la estrategia del Gobierno que pretende empezar a resolver el complejo tema Pegasus llega justo después. El jueves o el viernes —no hay fecha cerrada, pero se manejan esos días— la directora del CNI, Paz Esteban, se enfrentará a la cita decisiva: por primera vez en su vida irá a la comisión de secretos oficiales, que se constituyó el jueves con gran polémica de la derecha, porque en ella estarán todos los grupos, incluido EH Bildu.
En esa comparecencia dará cuenta de la investigación interna del CNI sobre el presunto espionaje a líderes catalanes, y fuentes del Ejecutivo señalan que la idea es que sea “muy convincente”. Para ello no bastará con palabras. Tendrá que llevar papeles. El Ejecutivo ya ha dicho incluso que está dispuesto a desclasificar los que sean necesarios.
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Y entre ellos estarán, presumiblemente, unos muy relevantes: las autorizaciones judiciales del Supremo que avalarían el espionaje a algunos líderes independentistas, según han reconocido fuentes del CNI a Columna Digital, aunque insisten en que la lista fue muy inferior a la que señala el estudio realizado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá). Hasta ahora el Gobierno solo ha podido desautorizar ese informe en comentarios de pasillo, pero la directora del CNI lo hará con datos encima de la mesa y con documentos para buscar una explicación convincente, según insisten en el Ejecutivo.
El problema político es que es poco probable que a ERC y otros grupos les baste esa explicación. Los republicanos quieren cabezas políticas, en especial la de la ministra Robles. Y Sánchez, señalan en su entorno, no podría en ningún caso entregar a una ministra de Defensa, corazón del Estado, después de que lo hayan pedido públicamente los independentistas.
Sánchez y su núcleo duro, dirigido por Bolaños, el gran negociador, están convencidos de que ERC no quiere romper. Pero los republicanos no descartan nada, ni en público ni en privado. “Si no hay un cambio de actitud respecto al supuesto espionaje político, en forma de dimisiones, será difícil alargar la legislatura más tiempo”, dijo este viernes Marta Vilalta, portavoz de ERC.
En realidad, el Gobierno cree que la votación del jueves demuestra que incluso sin ERC ellos podrían resistir, aunque no es el plan A. “ERC no puede romper. Ellos han apostado por el diálogo. ¿Cómo van a explicarlo? ¿Van a abrir la puerta a Vox? Eso solo ayudaría a Junts, que ha apostado por la ruptura”, señalan fuentes del Gobierno. “No lo entiende”, contestan fuentes de ERC. “La realidad política y mediática en Cataluña es muy diferente. Allí la gente está indignada. Quieren una respuesta contundente. Esto no lo arregla el tiempo”.
Pese al evidente desgaste, en el Gobierno insisten en que no han perdido ni una votación importante. De hecho, en esta semana tan crítica han sacado adelante tres decretos, cuatro proyectos de ley, una proposición de ley y un informe de ponencia, según se encargó de destacar Rafael Simancas, que es, con el portavoz del grupo parlamentario, Héctor Gómez, quien se mueve en la sombra, dirigido por Bolaños, para buscar esos 176 votos claves. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo intentó con el PP y le ofreció desde el martes tramitarlo como proyecto de ley, pero no hubo manera: los populares querían una bajada de impuestos que, según la ministra, podía poner en riesgo el déficit y espolear más la inflación.
En La Moncloa creen que quien realmente se equivocó fue el PP, que optó por el no. Al hacerlo, según su visión, Alberto Núñez Feijóo empieza a perder su imagen de moderado para asimilarse a la línea de Pablo Casado y su no a todo. Al Ejecutivo le habría incomodado políticamente mucho más una abstención del PP, que se habría convertido en el salvador del decreto y habría forzado una división en la mayoría. Los populares, por el contrario, están convencidos de que el Gobierno “ha entrado en fase agónica”. No creen que caiga, pero sí ven un desgaste lento, justo lo que necesitan para consolidar a Feijóo.
El PP no cree que Sánchez pueda arreglar en breve el problema Pegasus, que además podría extenderse a Europa, porque hay una comisión de investigación en el Parlamento Europeo que podría pedir explicaciones también a España. El Ejecutivo ya tiene previsto ese escenario y por eso prepara esa “explicación convincente”. Esta semana sin votaciones puede pues determinar el curso entero de la legislatura, incluso más que los siete días dramáticos que acaban hoy.
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