Vuelco en el caso Pegasus. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido espiados con el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el terminal de Robles.
Los piratas extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión, y 130 megabites, en la segunda. El botín que sacaron del móvil de la titular de Defensa fue mucho menor; al menos, en cuanto a volumen: nueve megas. El Gobierno no sabe aún, sin embargo, cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de sus teléfonos institucionales, no privados.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha comparecido a primera hora de la mañana de este lunes en La Moncloa acompañado de la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha informado de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales” y ha calificado las intervenciones de “ilícitas” y “externas”.
El Ejecutivo no señala la posible autoría de estos ataques informáticos, pero asegura que son “ajenos a organismos del Estado”, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la única agencia española que oficialmente tiene el programa Pegasus. “Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños.
La Abogacía del Estado ha presentado este lunes por la mañana una denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional ―el titular del juzgado de instrucción número 4 José Luis Calama― para que se investiguen los hechos. La denuncia no señala a los posibles responsables, pero se basa en datos “verificados y contrastados”, sobre los que “no hay ninguna duda”, según Bolaños. El juez Calama ha acordado el envío a reparto de la denuncia.
El Gobierno asegura que tuvo el domingo en sus manos el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos. Según dicho informe, no se ha producido ninguna nueva intrusión en los teléfonos de Sánchez y Robles después de junio de 2021. “Sabemos que, desde esas fechas, no ha habido ninguna intervención en esos dos terminales. No hay pruebas de que se haya producido una nueva intrusión”, ha insistido el ministro.
El descubrimiento se ha producido después de que el CCN realizara un minucioso análisis forense de los dos móviles, para lo que fue necesario que Sánchez y Robles los entregaran durante un periodo de entre 24 y 36 horas, ya que las revisiones periódicas y rutinarias a las que se someten los teléfonos de los altos cargos no los habían detectado. A raíz de la publicación de la lista de más de 60 líderes independentistas catalanes que, según Citizen Lab, un grupo de expertos de la Universidad de Toronto (Canadá), fueron infectados con Pegasus y la constatación de que muchos de ellos nunca habían sido espiados por el CNI, el Gobierno decidió revisar sus propios móviles.
Cuando un alto cargo toma posesión, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) le entrega un móvil encriptado y teóricamente a prueba de ataques informáticos, que a su vez facilita el Centro Criptológico Nacional (CCN), responsable de garantizar el secreto de las comunicaciones del Estado. El hecho de que los teléfonos del presidente y la ministra de Defensa hayan sido espiados sin que se detectara el ataque supone una clara brecha de seguridad. Fuentes de La Moncloa la excusan asegurando que intrusiones de este tipo se han descubierto en una veintena de países sin que, en la mayoría de las ocasiones, haya sido posible descubrir el origen. Se da la circunstancia de que el programa Pegasus no está teóricamente en poder de servicios secretos de países supuestamente hostiles, como Rusia o China, sino precisamente de países amigos, como Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos o México.
“Una de las conclusiones a las que ha llegado el Gobierno es que reforcemos los sistemas de seguridad. Vamos a poner todo el conocimiento y capacidades del Gobierno central a disposición de gobiernos y parlamentos autonómicos”, ha añadido Bolaños.
El Gobierno sostiene que este descubrimiento no va a afectar a las comparecencias en el Congreso para aclarar el escándalo de las escuchas. Está previsto que este miércoles acuda a la Comisión de Defensa la ministra Robles y que la directora del CNI, Paz Esteban, comparezca ante la Comisión de Secretos Oficiales ―que se constituyó finalmente la semana pasada, tras dos años y medio de bloqueo― en cuanto fije una fecha la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El anuncio se ha producido tras una semana en la que el Gobierno ha sacado adelante en el Congreso por la mínima su plan para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española, gracias al apoyo de EH Bildu y con el enfado de ERC, uno de sus socios parlamentarios clave, por el supuesto espionaje a al menos a 60 líderes políticos y sociales del independentismo. En los últimos días, el discurso del president Pere Aragonès, uno de los afectados, se ha ido endureciendo hasta que a finales de la semana pasada pidió que la ministra de Defensa y máxima responsable del CNI, Margarita Robles, asumiera responsabilidades.
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