Boris Johnson le debe su puesto a Vladímir Putin. Si este no hubiera lanzado su invasión de Ucrania, aquel, probablemente, habría sucumbido al escándalo de sus fiestas confinadas. Johnson le debe también a Putin el que una de las decisiones más aberrantes de su mandato —y van unas cuantas— haya pasado prácticamente desapercibida. Sin el ruido de la guerra de fondo, el acuerdo firmado con Ruanda para trasladar a migrantes y solicitantes de asilo allí y “subcontratar” su gestión a cambio de una sustanciosa suma de dinero habría debido generar un gran revuelo. El objetivo último es disuadir a quienes aspiran a llegar a territorio británico. El pomposo proyecto exterior del Gobierno, Global Britain, era esto.
Nada parece frenar al populismo británico en su carrera por hacer realidad el Brexit. Ni el que las cifras confirmen que la mayor parte de los que llegan a su suelo tengan derecho al asilo —huyen de conflictos, de persecución, de catástrofes—; ni que su decisión viole la Convención de Ginebra sobre los refugiados; ni que el Gobierno ruandés de Paul Kagame tenga un dudoso historial de respeto a los derechos humanos. Según el acuerdo, las cerca de 30.000 personas que entran en el Reino Unido de manera irregular al año serán enviadas a Ruanda, donde se tramitarán sus solicitudes de asilo. De reconocerse, allí también tendrán derecho a permanecer; si no, serán expulsados a sus países de origen.
El Reino Unido no será el primero en “externalizar” esta gestión. Australia lo hace en Papúa Nueva Guinea y las islas Nauru. Israel lo hizo con Ruanda y Uganda, durante algunos años, para cancelarlo después al destaparse que quienes entraban en el programa no recibían la protección prometida y acababan en manos de traficantes. Puede que tampoco sea la última: Dinamarca y Hungría seguirán muy de cerca el resultado del acuerdo.
Pero la hipocresía y la controversia no afectan únicamente a los países del Norte, que solo acogen al 15% de los refugiados de todo el mundo y que buscan en el Sur, a base de dinero, librarse de un problema que no saben cómo manejar. Para el Gobierno de Kigali, el acuerdo muestra su compromiso a la hora de ayudar a la gente vulnerable, en recuerdo a su no tan lejana tragedia nacional. Sin embargo, la oposición denuncia que el país ya tiene dificultades para acoger a los más de 127.000 refugiados en su territorio y que no existe la misma predisposición que la mostrada con Londres con quienes escapan de países vecinos: República Democrática del Congo, Burundi, Uganda o Tanzania.
En la Unión Europea, la polémica llega en medio del debate sobre los dobles estándares aplicados a quienes huyen de la guerra en Ucrania… y a los demás. En el Reino Unido, puede que tenga algún peso en las elecciones locales del día 5; o tal vez no. Johnson está demostrando ser un maestro en barrer los escándalos bajo la alfombra.
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