Los cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra que abatieron a los terroristas que perpetraron los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) han llevado a la Generalitat a los tribunales. Los agentes, que han sido reconocidos como víctimas del terrorismo y sufren secuelas psicológicas de distinta gravedad, han demandado al Departamento de Interior y reclaman una indemnización global de 1,2 millones de euros por los “daños y perjuicios” sufridos. Los policías han acudido a la justicia después de que Interior haya ignorado su reclamación en la vía administrativa.
Dos de los mossos estuvieron presentes en el ataque a Cambrils, ocurrido la madrugada del 18 de agosto de 2017, horas después del atropello múltiple en la Rambla de Barcelona. El agente bautizado como “el héroe de Cambrils” abatió a cuatro de los cinco miembros de la célula de Ripoll que, tras bajar de un coche, se dirigieron hacia él armados con hachas y cuchillos al grito de “¡Allahu Akbar!” Es quien lo ha pasado peor: ha dejado el cuerpo tras obtener la incapacidad permanente total. El otro mosso de Cambrils mató a Omar Hichamy, el único de los cinco yihadistas que caminó en dirección contraria por el paseo marítimo. Los otros dos policías que presentan la demanda son los que acabaron con la vida, conjuntamente, de Younes Abouyaaqoub, el autor del atropello de La Rambla, al que localizaron cuatro días después en una zona de viñedos del Penedès.
La muerte de los autores materiales del 17-A impidió juzgarles y, en consecuencia, que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el año pasado fijara algún tipo de responsabilidad civil. Los tres condenados a penas de entre 8 y 53 años y medio de cárcel eran miembros o colaboradores de la célula -Driss Oukabir, Mohamed Houli, Said Ben Iazza-, pero no perpetraron los ataques que dejaron 16 fallecidos y casi 300 heridos en el peor atentado yihadista en España desde el 11-M.
El abogado de los mossos, José Antonio Bitos (del sindicato USPAC) argumenta que la Generalitat debe asumir la responsabilidad porque los daños -días de baja, estrés postraumático y otras secuelas psicológicas– los padecieron en acto de servicio. La demanda, a la que ha accedido Columna Digital, se apoya en el principio de indemnidad, que sostiene que la Administración debe “resarcir” a los agentes que hayan sufrido perjuicios por parte de terceros en el desarrollo de su trabajo. Lo recoge la ley de la policía catalana de 1994 y también una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 2020.
Los cuatro mossos que abatieron a los yihadistas de Ripoll han sido reconocidos por el Ministerio del Interior como víctimas del terrorismo. Para justificar los 1,2 millones que reclama, el abogado toma como referencia la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M. Aquella resolución concluyó que los actos de terrorismo causan un daño “superior a cualquier otro delito” y suponen un “plus estigmatizante” para la víctima. Y fijó una indemnización de un mínimo de 30.000 euros que va en aumento en función de ciertos requisitos.
La ley de protección integral a las víctimas de terrorismo, de 2011, “limita las indemnizaciones” de las que se hace cargo el Estado ante un atentado terrorista en caso de insolvencia o fallecimiento de los autores: 500.000 euros por fallecimiento o 300.000 por incapacidad permanente absoluta. La demanda, sin embargo, aclara que no solicita la responsabilidad del Estado para todas las víctimas, sino que apela al principio de indemnidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
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La reclamación en la vía administrativa fue interpuesta en diciembre, pero la Generalitat no contestó en los tres meses que tiene de plazo. Ese “silencio negativo” ha llevado a los mossos a acudir a los tribunales. La demanda ha recaído en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Barcelona. En febrero de 2022, la Dirección General de Policía de la Generalitat dictó una instrucción que reconoce el derecho de los agentes a ser indemnizados por daños en acto de servicio. La demanda lamenta que reclamaciones por delitos comunes se han resuelto ya favorablemente y que, en cambio, la petición de los agentes del 17-A haya “dormido el sueño de los justos”.
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