El programa del Gobierno para facilitar que familias españolas acojan a ciudadanos ucranios que huyen de la guerra recibió una avalancha de ofrecimientos cuando se lanzó el pasado 23 de marzo, pero la disponibilidad de casi la mitad de las personas que se ofrecieron entonces se ha ido diluyendo por el camino al conocer los requisitos. Desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Fundación la Caixa anunciaron la iniciativa han registrado las solicitudes de 2.308 personas, pero casi un millar han desistido o han sido descartadas por los técnicos del programa; otras 1.000 personas están en estudio, y algo más de 200 han pasado todas las fases de selección, pero aún no han culminado el proceso. Solo nueve familias están ya listas para acoger a refugiados en sus hogares en los próximos días.
La iniciativa se lanzó un mes después del comienzo de la guerra en Ucrania como una vía para descongestionar el sistema de acogida estatal que da cobijo actualmente a casi 20.000 de los 130.000 ucranios que, calcula el Gobierno, han llegado a España huyendo de la invasión rusa. Era, además, una alternativa para canalizar la solidaridad espontánea que ha llevado a cientos de españoles a abrir sus casas a los refugiados, pero sin un control que permita a las autoridades garantizar una acogida adecuada. El programa está presente en Madrid (que recibió de largo el mayor número de ofrecimientos: 1.368) Barcelona (563), Málaga (176) y Murcia (201).
El proceso de selección de las familias contempla varias fases y ha sido en las primeras, cuando recibían más información sobre los requisitos, en las que cerca de 900 interesados han desistido. Casi todos al constatar que los requerimientos para acoger a los refugiados iban más allá de ofrecer un techo y comida, y que no coincidían con lo que esperaban o no eran capaces de garantizarlas, según explicaMarc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa. En primer lugar, la acogida exige un compromiso mínimo de seis meses, un periodo que algunos no han querido o no han podido comprometerse a cumplir. Ha habido también varios casos de familias que se apuntaron con la intención de acoger a menores, cuando el programa está pensado para la acogida de familias enteras o monoparentales, pero no de niños solos. El acogimiento, además, no cuenta con ningún apoyo financiero, ni para la familia de acogida ni para la familia refugiada.
Hay también un porcentaje menor de personas que, aun queriendo continuar con el proceso, no cumplían los requisitos relativos, por ejemplo, a las condiciones de su vivienda o a su disponibilidad horaria para ocuparse de la familia refugiada. La familia que acoge tiene que poder acompañar en el día a día a los refugiados, algo poco compatible, según los criterios establecidos, con marcharse un mes de vacaciones o con jornadas laborales muy largas fuera de casa. Se exige también un certificado de antecedentes penales y de ausencia de delitos de carácter sexual, aunque no se han registrado casos que chocasen con este requisito.
Simón es partidario de mantener criterios exigentes para formalizar el acogimiento. “Si no, no es una manera válida para afrontar esta situación”, dice. El procedimiento ―sus fases, sus requisitos y el requerimiento de determinados documentos― ha sido diseñado por técnicos y expertos en acogimiento familiar para garantizar las mejores condiciones a los refugiados. Fuentes del Ministerio de Migraciones sostienen también que este tipo de procesos “son muy rigurosos para velar por el encaje más correcto entre las familias acogidas y acogedoras”. Para el ministerio, los tiempos y criterios “entran dentro de la absoluta normalidad de estas experiencias para el correcto desarrollo del programa”. Las perspectivas, según Simón, son optimistas. Él espera que puedan alcanzarse las 600 familias homologadas. La idea, además, es ampliar la cobertura del programa a más provincias.
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