El ministro más golpeado del Gabinete de Alberto Fernández se defiende. Martín Guzmán, a cargo de administrar la alicaída economía argentina, ha asumido este lunes que es víctima de fuego amigo. “Te golpean de todos lados”, dijo, en referencia a los ataques que recibe desde hace semanas por parte del kichnerismo, el sector mayoritario de la alianza peronista que sostiene a Fernández. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acusa a Guzmán de promover, en connivencia con el FMI, un ajuste fiscal que golpea a los más pobres. Y pide su cabeza. El desamor de Kirchner se alimenta de una convicción: que la política económica actual es el camino más rápido hacia una derrota electoral del oficialismo en las presidenciales de 2023.
La última aparición pública de Cristina Kirchner fue el viernes, en una universidad en la provincia de Chaco (norte). “Hay trabajadores en relación de dependencia, pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina; esto es producto de la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos”, dijo Kirchner. Y uno por uno, criticó los puntos acordados por Guzmán con el Fondo para refinanciar la deuda de casi 45.000 millones de dólares que el actual Gobierno heredó de Mauricio Macri. “El Fondo Monetario exige devaluar por arriba del índice de precios y aumentar la tasa por arriba de todo eso. Esa política no va a producir crecimiento ni va a bajar la inflación”, hoy por encima del 50% anual, opinó Kirchner.
Guzmán se tomó el fin de semana para preparar una larga defensa y romper su habitual silencio mediático. Dio así una entrevista a la radio Urbana Play desde el estudio. Como novedad, puso en cuestión la política económica de los últimos años de kirchnerismo, un período que terminó en 2015 con el triunfo de Mauricio Macri. “Allí hubo de todo desde nuestro punto de vista. Hubo ciertos avances muy importantes: una protección social muy activa, y también una fuerte recuperación de los ingresos de los jubilados. Pero también hubo problemas de inconsistencia macroeconómica”, contraatacó. “Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es, justamente, unir el corto plazo con el mediano plazo para que lo logros en Argentina se sostengan en el tiempo”, dijo.
La velocidad de las soluciones es el nudo de la discusión actual en Argentina. Mientras Fernández y el ministro Guzmán defienden que el acuerdo con el FMI, que exige equilibrio fiscal y una bajada de la emisión monetaria es la luz al final del túnel, el kirchnerismo apunta a políticas urgentes de redistribución, a cuenta del Estado. La semana pasada, funcionarios de ese sector en el Gobierno propusieron sumar al sistema de pensiones a 740.000 personas sin los 30 años de aportes necesarios. El diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, presentó además un proyecto para adelantar cinco meses el cronograma de subida del salario mínimo, desde el cual se calculan muchas de las ayudas sociales a los más pobres. “Por supuesto que estamos de acuerdo que el Salario Mínimo Vital y Móvil le gane a la inflación”, respondió este lunes Guzmán. Pero “esto se discute en el Consejo del Salario [y no en el Congreso, como propone Kirchner], apuntando a que crezca en términos reales para que toda la estructura salarial se mueva”.
Subsidios a la energía
Un hierro caliente de la discusión entre Fernández y Kirchner son los subsidios a las facturas de energía en hogares y empresas. Se trata de una vieja herencia del segundo Gobierno kirchnerista, que congeló el precio de la electricidad y el gas como ancla para una inflación que amenazaba con desbocarse. Macri intentó a partir de 2016 desarmar el sistema con subidas de hasta 1.000%, pero lo abrazó otra vez tras la crisis de balanza de pagos de 2018, que terminó con un salvataje del FMI. El año pasado, mantener congeladas las tarifas de la energía costaron al Estado argentino el equivalente a entre un 3 y un 4% del PIB. Entre los puntos salientes del acuerdo con el FMI está la eliminación gradual de esos aportes estatales para reducir así el déficit, una meta que se ha complicado tras el impacto de la guerra en Ucrania en los precios internacionales.
El kirchnerismo se opone a cualquier reducción de los subsidios que implique mayores costos para los hogares, sobre todo los más pobres, donde tiene su base electoral. El sistema actual no discrimina entre ricos y pobres y Guzmán propone un desdoblamiento de las ayudas. La intención es que la punta de la pirámide social pague más que la base. Los técnicos de la vicepresidenta consideran que el beneficio de un sistema semejante será irrelevante, por la disparada de los precios en todo el mundo, y el costo político demasiado alto.
Guzmán no está de acuerdo con este análisis: “¿En qué país del mundo ha funcionado para encausar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3 ó 4 puntos del PBI?”, se preguntó este lunes. “¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que por efecto la inflación la gente deja de querer?”
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