El Ayuntamiento de Madrid ha abierto esta mañana un expediente interno sobre el caso Pradillo, desvelado por Columna Digital el pasado martes 3 de mayo. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, durante un consejo extraordinario de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y han confirmado fuentes del Consistorio. El palacio de Cibeles ha decidido poner en marcha una investigación interna sobre Pablo Pradillo, el cargo de la EMT que cobró una comisión del 3% por ayudar a una constructora a ganar un proyecto de la propia compañía pública. La EMT ha solicitado a este jefe de la EMT que dé parte de “cómo y cuándo se tomó este contrato”, apuntan fuentes municipales. Pradillo tendrá 72 horas para contestar al Consistorio. El Gobierno local toma esta iniciativa después de que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Madrid decidiera activar también sus correspondientes pesquisas.
El consejo extraordinario se ha celebrado sin la presencia de los sindicatos ni representantes del Comité de Empresa. “Esto no se ha hecho nunca”, subrayan fuentes sindicales. La reunión, a la que han asistido los portavoces de todos los grupos municipales ―salvo Vox y Grupo Mixto―, ha durado poco más de una hora, según subrayan fuentes presenciales. Este consejo se debería haber celebrado el pasado jueves, pero Más Madrid y PSOE solicitó el cambio de día ante la negativa del Ayuntamiento a facilitar la documentación. “Nos falta documentación imprescindible para conocer la implicación de Pradillo en la ejecución del contrato”, subrayan.
Pradillo, un apellido conocido en el sector
Pradillo, jefe de División de la EMT e hijo del gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre (PP), José Manuel Pradillo, percibió más de 150.000 euros de una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco. Según la documentación desvelada por Columna Digital y según ha reconocido él mismo, ayudó a la compañía a preparar una oferta para hacerse con el proyecto de reforma del Centro de Operaciones de la EMT del distrito de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento de la capital pagó más de cinco millones de euros (más de seis millones, IVA incluido).
El comisionista ha defendido hasta ahora la legalidad del dinero que cobró. Ha argumentado que no existían incompatibilidades porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de licitación de la obra. A finales de 2018, Pradillo pactó con la Empresa Municipal su salida temporal de la compañía. Semanas más tarde, la compañía pública culmina el proyecto, fechado en enero de 2019. Este sale a concurso público en marzo y se adjudica el 14 de junio. El trabajador regresó finalmente a la EMT en septiembre de 2021, solo tres meses después de recibir el último pago de la UTE que completa los 150.000 euros.
La Oficina Anticorrupción de Madrid, dirigida por Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, ha abierto una investigación sobre todo ello. Precisamente, el pasado 4 de mayo, le envió un escrito a la EMT para preguntarle por detalles sobre Pradillo y todo el proyecto bajo sospecha: “¿Consta comprobación o declaración jurada sobre ausencia de incompatibilidades que, en su caso, pudiera tener o haber tenido dicho empleado?”, preguntó este organismo, entre otras muchas cuestiones que desveló Columna Digital el pasado lunes.
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El escándalo abre una batalla política
El Gobierno local y la oposición se han enzarzado desde que se conoció el escándalo hace una semana en una batalla por el caso Pradillo. Carabante pidió explicaciones al partido de la oposición por la obra bajo sospecha, pues se adjudicó el 14 de junio de 2019, 24 horas antes de que José Luis Martínez-Almeida tomara posesión como alcalde en sustitución de Manuela Carmena. Por su parte, Más Madrid reprocha al PP no tomar ninguna medida contra Pradillo tras conocer el caso.
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