Era un día martes más en Paraguay. Las redes sociales rebosaban de comentarios sobre el reciente caso del abuso a un niño de 6 años en un Colegio privado, cerca de la Asunción, la capital. Se debatía en las radios la candidatura del presidente Mario Abdo Benítez a la presidencia de su partido. La noticia aterrizó pasadas las 11 de la mañana, como el estallido de un disparo: asesinaron en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, delegado de Crimen Organizado, en un atentado de corte mafioso a cargo de sicarios.
Pecci se encontraba de luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, con quien contrajo matrimonio el 30 de abril pasado. Aguilera había anunciado el día antes, a sus amigos y amigas en Instagram, que estaba embarazada. Muchos hubieran querido no creer la confirmación de algo que en verdad sabían (sabíamos) desde hace tiempo: Paraguay está vinculado de manera directa a la ruta regional del narcotráfico con rumbo a Europa y con el crimen organizado internacional. Lo ocurrido no podía considerarse una gran sorpresa.
El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, era figura habitual en los medios de comunicación. Tanto en los noticiosos como en las conferencias de prensa en las que se anunciaban importantes operativos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y allanamientos e imputaciones relacionadas con su trabajo de fiscal antimafia. Pecci estuvo en la investigación de casos emblemáticos y recientes vinculados al mundo del crimen organizado en Paraguay, como el homicidio del empresario Mauricio Schwartzman, acribillado a balazos frente a su domicilio en Asunción, o el robo y venta a grupos delictivos de armas propiedad de las Fuerzas Armadas, o el asesinato de la hija del gobernador del departamento de Amambay y otras tres personas en la zona fronteriza con Brasil. Todos hechos ocurridos hace menos de un año.
También fue parte de la investigación del llamado “acuerdo secreto de (la represa binacional) Itaipú”, de alto contenido político y que casi le costó en 2020 el juicio político en el Congreso al presidente Abdo Benítez y a su vicepresidente Hugo Velázquez, ahora candidato a la presidencia en las elecciones generales del año próximo.
Llama la atención cómo fue acribillado Pecci por sicarios que se trasladaban en una moto acuática. En una playa paradisiaca colombiana, en la península de Barú, Cartagena de Indias. Sin custodia personal alguna, pese a ser quien era. Su ajusticiamiento no solamente conmocionó por el mensaje que daba a la fiscalía y a la justicia paraguaya. Por el lugar donde ocurrió, también es un cachetazo a las autoridades de Colombia y los Estados Unidos, país este que forma a fiscales “del patio trasero” que tendrán a su cargo investigar el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero que afecta a su territorio.
El crimen trajo también estupor y tristeza al mundo periodístico paraguayo. Su ahora viuda, Claudia Aguilera Quintana, de 34 años, era apreciada por su sencillez. Muchos de sus colegas recuerdan sus tiempos de reportera en las coberturas en el Congreso, la Presidencia o la calle. Su presencia en las pantallas de televisión, en los últimos meses, la popularizó al gran público.
Las conjeturas sobre el asesinato son varias: Pecci fue seguido desde Paraguay o las organizaciones delictivas contrataron sicarios en Colombia. Es una represalia por algún caso concreto en el que el fiscal tocó sus intereses o un amedrentamiento para los demás fiscales de Paraguay y de los otros países involucrados en la ruta narco. Investigadores de Paraguay, Colombia y Estados Unidos están ahora abocados al esclarecimiento e identificación de los culpables. Pero el daño está hecho.
La Justicia y la política, en crisis
En Paraguay se nota en las conversaciones de la gente un descreimiento generalizado. Pese a los comunicados y las promesas de autoridades de los tres poderes del Estado de “continuar el combate al delito”. Es difícil creer en una Justicia y un sistema político en el que diputados sospechados de vínculos directos con el narcotráfico y el lavado de dinero siguen orondos en sus cargos y aspiran a la reelección. O cuando Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal partido de oposición, acusa al expresidente Horacio Cartes, figura clave del Partido Colorado, que apadrina a uno de los candidatos a la presidencia el próximo periodo (2023-2028), de ser el jefe de la mafia en Paraguay.
Más se hace difícil creer cuando la mayoría de las propuestas políticas de los candidatos para las próximas elecciones se resumen en denuncias y peleas y no hablan, salvo excepciones, de abordar la gran desigualdad social, ni de los campesinos expulsados de sus tierras por sojeros y ganaderos, muchas veces extranjeros. Ni de encarar una revolución educativa o una lucha seria contra la corrupción en el Estado. Paraguay sigue siendo un país con estánderes altos de pobreza (cerca del 28%) en la región, según los parámetros del Banco Mundial
“No pasará nada”, dicen sobre las consecuencias del crimen de Pecci muchos desencantados. Creen que lo máximo que puede ocurrir es que el Departamento de Estado de Estados Unidos vuelva a dar próximamente una lista de políticos y figuras prominentes de Paraguay considerados “significativamente corruptos”. Y que les prohíba ingresar en suelo estadounidense, como lo hizo antes con dos senadores (uno aún en funciones) y un exfiscal general. Tal vez, creen, eso traiga alguna conmoción y mueva a la justicia paraguaya.
Paraguay es una “isla rodeada de tierra”, decía el escritor y premio Cervantes Augusto Roa Bastos (1917-2005). Podríamos decir, para seguir con la metáfora, una isla rodeada de “tiburones”, en forma de grupos delictivos, que desean convertir este país en espacio de grandes banquetes, de negocios legales e ilegales que no tendrán en cuenta a la mayoría empobrecida. Con una democracia frágil y tutelada, con políticos débiles y venales y la amenaza, de parte de las mafias de la región, reflejada en el crimen del fiscal, de instalarse de manera permanente en Paraguay, como en otros países de la región, hay razones para el pesimismo.
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