La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la única investigación que seguía abierta por el supuesto pago de comisiones para la adjudicación de la obra del AVE a La Meca por parte de un consorcio de empresas españolas y saudíes. Tras cerrar, en marzo pasado, la investigación centrada en un posible cobro por parte del rey emérito a cambio de mediar para que el proyecto se adjudicara a ese consorcio, el ministerio público ha archivado también la pieza que indagaba si las empresas compensaron a funcionarios o autoridades saudíes para que le encargaran las obras. Tras cuatro años de investigación, el ministerio público ha concluido que no hay ninguna prueba que avale esa tesis, que surgió a raíz de una conversación grabada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, con la examante del rey emérito, Corinna Larsen, en la que esta aseguraba que Juan Carlos I había cobrado una comisión millonaria a cambio de intermediar para que la obra del llamado AVE del desierto fuera adjudicada a las empresas españolas.
Las supuestas comisiones en la obra del AVE a La Meca dieron pie a las primeras diligencias que se abrieron en la Fiscalía del Supremo contra el rey emérito. En el decreto de archivo firmado en marzo pasado, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, señaló que no había podido establecerse, “siquiera de modo indiciario”, que Juan Carlos I recibiera dinero a cambio de mediar a favor de la adjudicación al consorcio del que formaban parte, entre otros, Indra, OHL, Adif y Renfe. Pero Anticorrupción mantenía abierta otra investigación para esclarecer si las empresas pagaron para que se le adjudicaran los trabajos, y esta es la que se ha cerrado ahora.
El ministerio público había enviado una comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitando información financiera sobre dos supuestos intermediarios en la concesión final del proyecto, uno de ellos un miembro de la familia real saudí. Pero, tras varios requerimientos sin respuesta, la Autoridad de Control y Anticorrupción de ese país contestó el pasado 4 de abril que no había encontrado “transacciones derivadas de actividades sospechosas” entre las empresas españolas y dos empresas saudíes a las que también se investigaba, según recoge el decreto de archivo firmado por el fiscal Luis Pastor, lo que ha llevado a la Fiscalía a cerrar el caso. “Vista la contestación a la comisión rogatoria solicitando información, cualquier planteamiento que vaya más allá de lo anterior, a efectos de sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes por parte de ambos comisionistas no es más que una mera especulación o conjetura”, concluye el fiscal.
El ministerio público ha comprobado que hubo al menos dos comisionistas que firmaron contratos de “consultoría” con las empresas españolas que aspiraban a realizar la obra: Shahpari Azzamy Zanganeh, una mujer saudí que pactó el cobro de 95,7 millones de euros, aunque solo llegó a cobrar 45; y el príncipe Abdelaziz bin Mishal, fallecido en 2017, miembro de la familia real saudí que firmó una retribución de 120 millones de euros, cantidad, que según la Fiscalía, no consta que fuera abonada en su totalidad. El ministerio público admite que ambos hicieron algunos trabajos para el consorcio de empresas, como acudir a reuniones y actos relacionados con el proyecto, en el caso de Zanganeh, o mediar debido a su “ascendencia” ante las autoridades saudíes, en el caso del príncipe. No obstante, advierte Anticorrupción, ”a nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato”.
Sin embargo, a la vista de la contestación de las autoridades saudíes a la comisión rogatoria enviada por la Fiscalía española, el ministerio público sostiene que no hay pruebas para atribuir un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. “Se puede concluir, por tanto, que los elementos de que se disponen tras esta investigación, son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas a dicha tesis”, advierte el fiscal Pastor.
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