El día que José May decidió abrir al turismo el cenote que encontró en su terreno en la comunidad de Homún, en el Estado de Yucatán, le tuvo que pedir permiso con una ceremonia. La familia cocinó durante varios días y convocó al jmeen, el sacerdote maya, para que oficiase el ritual. Se sacrificaron gallinas, se instaló un altar y el jmeen pronunció las palabras que desde tiempos de sus abuelos se llevan repitiendo para poder aprovechar la riqueza de esos cuerpos de agua, sagrados para los mayas. “Tenemos la creencia de que podemos enfermarnos por invadir el espacio que no nos corresponde. Hay una energía dentro del cenote que te dice que sí hay un dueño, por eso siempre se le pide permiso para poder trabajarlo”, dice May con esa cadencia yucateca al hablar, como recitando un poema. Y si hay que solicitarle autorización para beber su agua, para que lo visiten los turistas, para bañarse en él, ¿por qué no va a tener derechos propios, como el de no ser contaminado?
La pregunta resuena en la cabeza de May, uno de los indígenas de Homún que está luchando para que el Anillo de los Cenotes de Yucatán sea reconocido por las autoridades mexicanas como sujeto de derecho. Es la última ofensiva legal emprendida por la agrupación indígena a la que pertenece, Kana’an Ts’onot (que se traduce como Guardianes de los Cenotes), para intentar frenar el imparable deterioro que están sufriendo esos lagos subterráneos. Las causas de la contaminación se multiplican y a los viejos conocidos, como los desarrollos hoteleros o la falta de tratamiento de las aguas residuales, se han ido sumando nuevas amenazas, como los monocultivos de soya, el uso indiscriminado de pesticidas, la proliferación de granjas porcícolas y, más recientemente, el megaproyecto del Tren Maya. La tormenta perfecta en una región donde el suelo kárstico, de porosa roca caliza, deja pasar al acuífero la mayor parte de los residuos de la superficie.
Los Guardianes de los Cenotes enviaron en febrero pasado una carta con sus exigencias al presidente, Andrés Manuel López Obrador. La misiva también iba dirigida a las autoridades locales y estatales y a las secretarías federales encargadas de velar por el medio ambiente y la calidad del agua. Solo esta última, la Comisión Nacional del Agua, ha respondido al escrito tres meses después. Lourdes Medina, abogada de la ONG Indignación, que ha acompañado al grupo indígena en este proceso, explica que las autoridades están obligadas a responder a este tipo de peticiones y que, al no hacerlo, se toma como una “negativa de hecho”. Por eso han dado el siguiente paso: elaborar una demanda de amparo que presentarán a finales de este mes en los juzgados federales de la ciudad de Mérida.
La demanda sigue la estela de sonados casos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en otros lugares del mundo, como el del Mar Menor en España o el del río Atrato en Colombia. La clave de este tipo de iniciativas, explica la abogada de Indignación, es que “otorgan a la naturaleza estatus legal, lo que significa que sus derechos pueden ser defendidos directamente en un tribunal de justicia”. Y, aunque la visión del amparo es “ecocéntrica”, es decir, que se centra en la importancia de los cenotes más allá de los beneficios que ofrecen a las personas, la figura de la “guardianía” es clave en este caso, porque tiene que haber un grupo que se encargue de velar por los intereses del ecosistema. José May traduce esos términos legales y los lleva a su territorio: “El cenote no puede hablar, no puede decir nada. Nosotros tenemos que hablar por ellos”.
Y de eso ya tienen experiencia. Su organización nació en Homún en rechazo a una macrogranja de 49.000 cerdos que se pretendía instalar en su territorio desde 2017. Un año después, su movimiento logró paralizar el proyecto gracias a un amparo presentado por seis niños de la comunidad que alegaban, a través de sus madres, que este violaría su derecho a un medio ambiente sano, a una vida digna, a su derecho al agua, al desarrollo, y a su autonomía como integrantes de un pueblo indígena maya. La jueza les dio la razón. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que ratificó la decisión de suspender el proyecto hasta que se resuelva el juicio, pero la empresa ha seguido utilizando todos los recursos posibles para tratar de revertir la decisión. Todavía no lo ha logrado.
La magnitud del caso, del que se ha llegado a hacer eco López Obrador, dio pie a que otras comunidades de la península de Yucatán se levantasen en contra de las granjas porcícolas: ya son más de 20 las que han abierto litigios hasta ahora, según cuenta la abogada de Indignación. Pero otorgarle una personalidad jurídica al Anillo de Cenotes de Yucatán podría unificar los diferentes esfuerzos para su protección y llevar a mecanismos públicos más eficientes, como políticas para el tratamiento de las aguas residuales o la mejora en el drenaje, dice Lourdes Medina. “La exigencia es que las autoridades tomen ciertas medidas para su protección, no solo que saquen una declaratoria de reconocimiento. El tema es qué medidas se van a implementar para poder protegerlos, conservarlos, restaurarlos incluso”.
Porque lo que es un hecho es que los cenotes de Yucatán están cada día más contaminados. La Fundación para el Debido Proceso, una ONG con sede en Washington que también ha acompañado a la comunidad de Homún en su lucha, publicó en junio del año pasado un amplio informe titulado ‘Contaminación del Acuífero Maya’, en el que revela datos preocupantes sobre esa enorme reserva de agua dulce, conocida como ‘la cisterna de México’. El estudio da cuenta de “altas concentraciones de heptacloro, lindano, endosulfán y DDT”, todos ellos plaguicidas clasificados como potencialmente peligrosos, en los municipios del Anillo de los Cenotes de Yucatán, entre los que se encuentra Homún. “Estos factores pueden explicar por qué, en los últimos 15 años, el estado de Yucatán ha presentado alta prevalencia de muertes en mujeres causadas por cáncer cervico-uterino, cáncer de mama, así como una alta prevalencia de malformaciones congénitas y de mortalidad fetal e infantil”, señala el informe.
Teniendo en cuenta que el 30% de la población rural de Yucatán bebe agua de pozos o cenotes contaminados y que tan solo el 4,2% de las aguas residuales son tratadas en el Estado, el cóctel molotov está asegurado. Ahora, el trabajo de Lourdes Medina, el equipo legal de Indignación y la agrupación Guardianes de los Cenotes es recopilar todas las pruebas posibles del impacto ambiental y social que tiene la contaminación de esos cuerpos de agua para tratar de convencer a los jueces de que reconozcan sus derechos. De conseguirlo, sería un nuevo hito en el camino para otorgar personalidad jurídica a la naturaleza en México, donde ya se han dado pequeños pasos en esa dirección. La idea ya se ha incorporado en las constituciones de Ciudad de México y de los Estados de Guerrero y Oaxaca, aunque todavía no ha habido un ecosistema en particular que haya sido reconocido como sujeto de derecho en el país.
El caso del Anillo de los Cenotes de Yucatán sería paradigmático. Este ecosistema, ubicado en el noroeste de la península de Yucatán y designado como una Reserva Geohidrológica y sitio Ramsar, suministra el 42% del volumen de agua en el Estado de Yucatán y el 19% del volumen del total de la península. Además, sus lagos subterráneos conocidos en todo el mundo por sus aguas cristalinas suponen el principal sustento para cientos de familias que, como la de José May, los aprovecha de una manera sustentable. “Nuestros abuelos nos han dicho que son sagrados y hay que tener mucho cuidado con ellos”, dice. “Si nosotros no nos hubiéramos enfrentado a este problema de la granja como en muchos municipios, los empresarios hubieran hecho lo que hubieran querido”. Y, con esta nueva ofensiva legal, están dejando claro que su lucha no va a parar.
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