La estremecedora noticia del asesinato de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh a disparos del Ejército israelí en Yenín (Cisjordania) —sobre la que Washington y Bruselas han pedido ya una investigación exhaustiva e independiente— llegó a la opinión pública con unas horas de diferencia del asesinato de otras dos periodistas en México, Yesenia Mollinedo, directora de un semanario de Veracruz, y la camarógrafa Johana García, acribilladas el lunes por unos sicarios. Son los últimos nombres de una lista trágica y creciente en lugares con conflictos armados abiertos, como Ucrania, pero también en países donde no hay una guerra, al menos declarada.
Si las autoridades mexicanas no frenan la oleada de ataques mortales contra periodistas, convertirán este 2022 en el año más funesto de la historia para los reporteros mexicanos. En apenas cinco meses han sido asesinados 11 periodistas, tantos como en todo el año pasado. Estas cifras no solo convierten a México en Columna Digital más peligroso para ejercer el periodismo, sino que muestran a las claras el fracaso de las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los informadores. Hasta la fecha, tras cada crimen prevalece la impunidad. Y con ella, el terror.
El ritual es conocido. La mayoría de muertes siguen el viejo esquema mafioso: primero se lanzan amenazas ante las que nada sirve la petición de auxilio de los comunicadores señalados. Luego se los mata. Y, finalmente, el crimen queda sin castigo: un círculo oscuro en un país con más de 100 muertos al día desde hace años.
Poner fin a esta sangría supera con mucho a un solo Gobierno. Es una tarea del Estado al completo y de la sociedad en sus articulaciones más fuertes. Alcanzar este objetivo requiere más que buenas palabras; necesita un empeño nacional de todas las fuerzas políticas. Pero, junto a las grandes metas, resulta perentorio que se tomen medidas efectivas a corto plazo. Los mecanismos de protección son a todas luces insuficientes y tienen que ir más allá de los escoltas. No solo hay que rebajar inmediatamente el clima de estigmatización contra la prensa, sino rearmar las investigaciones judiciales y castigar con contundencia la ineficacia de las fuerzas policiales.
El próximo domingo se cumplen cinco años del homicidio, en Culiacán (Sinaloa), de Javier Valdez, uno de los grandes cronistas del narco de México. Al salir de la Redacción le esperaba el crimen organizado y, a la luz pública, lo mataron de 12 balazos. Han pasado los años y la violencia contra la prensa no ha hecho sino crecer. En una sociedad cada vez más harta del crimen, ha llegado la hora de movilizar los recursos del Estado para emprender la lucha contra esta lacra.
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