El magistrado Adolfo Carretero ha emprendido, a través de las pesquisas sobre los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, una especie de auditoría sobre el procedimiento que rigió en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia para comprar material sanitario. El juez no solo ha solicitado al Consistorio que le informe de si existía un correo electrónico genérico a través del cual recibía las ofertas para adquirir este tipo de productos —así como si los dos empresarios bajo sospecha utilizaron esa vía—, sino que también analiza la red de contactos que usaron los imputados para llegar hasta el área de Compras de la Administración. Quiere saber si recibieron un “trato de favor”, según ha dejado escrito en una de sus resoluciones.
La Fiscalía Anticorrupción, que realizó una investigación previa antes de presentar su querella en los juzgados el pasado abril, ya descartó el tráfico de influencias y ha rechazado apuntar a los responsables del Ayuntamiento, al que considera víctima de una “estafa”. Pero al magistrado, según se desprende de las preguntas que lanzó a los comisionistas en sus respectivos interrogatorios, le sorprende cómo tejieron un canal directo de comunicación con Elena Collado, alto cargo del Consistorio y coordinadora de las compras del material durante la crisis sanitaria. Incluso, el juez ha cargado contra Medina, habitual de la prensa del corazón y hermano del duque de Feria, al que acusa de “aprovecharse” de su condición de “personaje público” e “influencia”.
El jueves, precisamente, compareció ante el magistrado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El familiar del regidor, que hizo de intermediario entre los empresarios y la Administración, subrayó que “jamás” facilitó a Medina un contacto directo de Collado y añadió, a diferencia de lo que dijo el comisionista, que simplemente le proporcionó un correo electrónico genérico que, a su vez, le había dado Matilde García Duarte, coordinadora general de la alcaldía. Unas palabras que abren una nueva vía a explorar, en opinión de las acusaciones populares, que ya valoran si solicitar también la declaración ante el juez de García Duarte. Este movimiento se sumaría a otras peticiones de prueba que quedan pendientes.
La vía de entrada. En este punto quedan por conocer dos extremos que el sumario aún no ha aclarado. ¿Quién abrió la puerta definitiva del Ayuntamiento a Luceño y Medina, poniéndolos en contacto con Collado? ¿Y qué canal usaron para ello? En el escrito de citación de Carlos Martínez-Almeida, el juez asumía la versión del hermano del duque de Feria y apuntaba que el primo del alcalde le “proporcionó” el email de la responsable de Compras. Esa tesis entra en contradicción con la versión ofrecida por el familiar del regidor. De hecho, en una rueda de prensa, el propio José Luis Martínez-Almeida insistió el jueves en que la oferta de los dos empresarios llegó a un “buzón de correo electrónico público”; que “tiene un carácter genérico”; y que se redirigió “hacia las áreas competentes para tratar la cuestión, que en aquel momento era obtener desesperadamente, como fuera, el suministro de material”.
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El alcalde también explicó el jueves que el Ayuntamiento aún no ha entregado al juez la información que le ha solicitado sobre esa presunta dirección de email genérica y los correos que habría enviado Medina: “Los servicios jurídicos estarán recopilando toda la información”. Además, la declaración de Collado ante el magistrado se encuentra actualmente en suspenso, a la espera de que Carretero decida si la llama como imputada o como testigo.
El informe alertador. Hace casi dos años, la Fiscalía abrió su investigación tras recibir un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Seplabc) que ponía en el punto de mira a Luceño y Medina, que habían tratado de justificar ante sus bancos los casi seis millones de euros que se embolsaron en comisiones por el pelotazo del Ayuntamiento. A las entidades financieras les chirriaba esa operación. También al Sepblac, que elaboró un documento y lo remitió al ministerio público, aunque no se encuentra incorporado al sumario. El juez, a instancia de una de las acusaciones populares, ha pedido al Sepblac que se lo mande. Pero esos papeles aún no han llegado.
A través de un escrito fechado el pasado 6 de mayo, el Sepblac comunicó al juez que ese informe tiene carácter “confidencial” y, para poder proporcionárselo, debe invocar el “precepto legal que habilita la petición de la información”. Además, le recuerda a Carretero que todas las “autoridades y funcionarios” que tengan acceso a su contenido deben “guardar reserva”: “No será en ningún caso objeto de relevación la identidad de los analistas que hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia, ni la de los empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a los órganos de control interno del sujeto obligado”.
Documentos falsos. Carretero también tiene pendiente recibir un informe de la Policía sobre los documentos originales que los comisionistas enviaron a sus respectivos bancos para justificar los seis millones de euros. La Fiscalía, que mantiene que Luceño y Medina falsificaron esos papeles que les presenta como “agentes exclusivos” de la empresa asiática que suministraba el material, señala que los archivos que ambos entregaron en Anticorrupción se crearon en marzo de 2020, después de cerrar el negocio con el Consistorio y años después de la fecha que consta en los formularios impresos.
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