Más de 100.000 personas han sido desaparecidas en México desde 1964, cuando empezó el conteo. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una herramienta creada durante este sexenio, ha superado este lunes la cifra que evidencia la grave situación en el país. La mayoría de esas personas fueron registradas como desaparecidas a partir de 2006, cuando inició la Administración de Felipe Calderón, que sacó el Ejército a la calle para combatir la violencia del crimen organizado. Colectivos de víctimas, activistas y organizaciones ciudadanas han exigido al Gobierno que “atienda con urgencia, contundencia e integralidad” la crisis y han reclamado que se complete la implementación de la ley en materia de desapariciones aprobada hace cinco años.
¿Cuáles son los principales factores en el país?
Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. La delincuencia organizada, además, se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, según documentó el comité de Naciones Unidas, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. La mayoría de los desaparecidos son hombres (75%) de entre 15 y 40 años que faltan de sus hogar, principalmente, en Jalisco (14.971), Tamaulipas (11.971), el Estado de México (10.996), según los datos publicados hasta las siete de la tarde. Les sigue Nuevo León (6.222), donde en el último mes las desapariciones de María Fernanda Contreras, de Debanhi Escobar y de Yolanda Martínez han puesto el foco en el Estado del norte del país y han señalado los fallos del sistema.
“La impunidad que se percibe y los altos niveles de violencia e inseguridad generalizada que se viven en México ocasionan que el goce de los derechos fundamentales sea concebido más como una situación discursiva o teórica que como una tangible”, ha expresado este lunes en un comunicado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, formado por familiares de víctimas, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. “Hacemos un llamado energético para que el Estado mexicano priorice la atención a dicha problemática y defina una política pública de Estado para prevenir y detener las desapariciones forzadas en el país”, ha reclamado el órgano, que también ha solicitado que se implementen los mecanismos e instrumentos contemplados en al ley en materia de desaparición forzada creada en 2017.
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