La presencia de Juan Carlos I este viernes en la regata de Sanxenxo ha abierto el debate sobre la gestión de sus viajes a España. Desde hace casi dos años mantiene su residencia en Abu Dabi, a instancias de la Casa del Rey. No hay ya razón legal o jurídica alguna que impida al rey emérito viajar a España, pero existe un reguero de razones de carácter ético que explican el revuelo que ha causado la noticia de su viaje. Los decretos de archivo que hizo públicos la Fiscalía del Tribunal Supremo en marzo significaban el final de la vía judicial iniciada contra él, pero, a la vez, abrieron a la ciudadanía el acceso a un relato pormenorizado de comportamientos de Juan Carlos I que bordean la legalidad o incurren abiertamente en la ilegalidad. La inviolabilidad que le asigna la Constitución, la prescripción de los delitos y la regularización tardía de su situación fiscal no impidieron que en los decretos de archivo quedaran expuestas conductas incompatibles con el estándar mínimo de ejemplaridad exigible a quien fue durante casi 40 años jefe del Estado.
Nada de eso invita precisamente a banalizar el hecho de que vuelva a territorio español. La Moncloa ha rechazado, con razones de peso, la posibilidad de que pudiera alojarse en La Zarzuela en su visita a Felipe VI, acordada por teléfono el domingo: no solo es la residencia privada del Rey y de su familia, sino la sede de la Jefatura del Estado y de una Casa cuyo jefe ha proclamado la exigencia de “una conducta íntegra, honesta y transparente” desde su mismo discurso de proclamación en 2014. Parece que Juan Carlos I no ha llegado a interiorizar la gravedad de su comportamiento: la petición de perdón ante las cámaras que realizó tras su accidente en un safari en 2012 quedó diluida en el recuerdo tras conocer el trasiego internacional de millones de euros y las regularizaciones fiscales que se vio obligado a hacer. Volver de regatas a Sanxenxo como haría cualquier otro año revela un agudo desenfoque sobre el deterioro de su imagen pública, y en alguna medida de la misma institución, por su conducta antes y después de la abdicación en 2014.
Tras el archivo de las investigaciones de la Fiscalía, el rey emérito anunció a su hijo —y el miércoles ratificó— que en sus viajes a España residirá “en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”. El ofrecimiento de un antiguo amigo de alojar a Juan Carlos I en su propia casa en Sanxenxo —con la entusiasta adhesión del alcalde de la localidad y la activación de las medidas de seguridad correspondientes— resuelve una complicada papeleta tanto ética como política e institucional. Sería inaceptable cualquier otra solución que no viniera del entorno amistoso o familiar ajeno a La Zarzuela. El precio jurídico que Juan Carlos I pagó por las irregularidades conocidas fue muy benévolo, pero la valoración ética de su conducta sigue siendo la misma. Es ese juicio de una parte importante de la población el que le impide regresar a sus antiguas condiciones de vida. Fue un jefe de Estado que dilapidó por su cuenta el crédito que de forma masiva la ciudadanía le otorgó durante muchos años. Hoy sigue seriamente dañado y los españoles no han escuchado todavía ni explicaciones ni disculpas.
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