La política migratoria de Joe Biden ha recibido este viernes un nuevo golpe. Un juez conservador ha decidido mantener vigente el Título 42, la medida impuesta por Donald Trump que permite la expulsión en caliente de los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos desde México. La decisión llega tres días antes del plazo previsto por el presidente para la eliminación de esta política implementada por la administración anterior por motivos de salud pública al inicio de la pandemia.
Un tribunal a 800 kilómetros de la frontera ha dado forma al futuro inmediato de la política migratoria de la Administración demócrata. El juez Robert Summerhays, del distrito oeste de Luisiana, ha resuelto que la medida debía mantenerse para proteger a los quejosos. La demanda sobre el fin del Título 42 llegó a la corte en abril promovida por los Estados de Arizona, Luisiana y Misuri y otros 17 bastiones conservadores. Estos buscan mantener el statu quo que Donald Trump impuso en marzo de 2020 en la frontera con una medida sanitaria. “[El Gobierno federal de Biden] no sabe el daño que está ocasionando a nuestros estados”, argumentó el viernes un funcionario de Arizona frente al togado en la vista de argumentos orales.
Jean Lin, una abogada del Departamento de Justicia, defendió la visión de Washington. “Los estados no han desafiado seriamente el carácter sanitario de la determinación”, argumentó la letrada. La Casa Blanca y algunos sectores del partido demócrata afirman que no existe justificación para mantener una norma ideada para blindar al país del coronavirus en un momento donde los estados y el Gobierno federal han pasado página a la pandemia. Los expertos sanitarios han puesto en duda la efectividad de la medida en el combate al virus.
Los sectores más moderados entre los demócratas, sin embargo, han criticado la decisión de Biden de levantar el Título 42 en un año electoral y cuando la frontera registra altos flujos migratorios. El 59% de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario en la frontera, de acuerdo a una media de sondeos de Real Clear Politics. En solo seis meses, entre octubre y marzo pasados, la medida fue responsable de la expulsión de 548.000 personas que llegaron a la frontera con México. Tan solo el mes de marzo registró 109.000 expulsiones, un 33% respecto al mes anterior y la cifra más alta documentada desde mayo de 2021. El Título 42 sumó más de un millón de retornos el año pasado y 1.7 millones desde su entrada en vigor, en el arranque de la pandemia. En esta cifra, no obstante, puede haber varios migrantes que intentan el cruce más de una vez y lo intentan nuevamente.
El 88% de las personas que han sido expulsadas bajo el Título 42 son adultos que cruzan solos la línea. El 11% son familias. Los mexicanos representan la mayoría del primer grupo de migrantes, seguido de salvadoreños y guatemaltecos. Los hondureños representan el 36% entre los núcleos familiares. Las últimas semanas también indican un aumento en la presencia de haitianos y cubanos, que han intentado atravesar la frontera en varios puntos de Texas.
La decisión de Summerhays no ha sorprendido. Los estados que iniciaron la demanda contra Washington acudieron a la corte de Luisiana porque era altamente probable que el caso fuera turnado al juez, quien llegó a la corte de distrito en 2018 nominado por Donald Trump.
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La organización Justice Action Center, una organización de corte progresista, califica la demanda como un intento de los republicanos por cooptar el sistema judicial “para continuar las políticas inhumanas y inmigrantes” instauradas por Donald Trump. Estas, considera Esther Sung, directora jurídica del centro, violan los tratados internaciones sobre las obligaciones de asilo. “En lugar de expulsar a la gente de vuelta al peligro que los hizo huir, debemos restaurar el sistema de asilo, reabrir los puertos de entrada y financiar a las organizaciones fronterizas que están ayudando a todos aquellos que buscan refugio”, ha señalado Sung.
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